INDIA: Un arma llamada UAPA (Palabras de Azadi desde la India)

India: Leyes draconianas

Tomado de Dazibao Rojo, 24 de agosto 2022

Todos los países tienen leyes contra el terrorismo, leyes para proteger al país de ataques indeseables… India también pero con una peculiaridad: su ley anti-terrorista ha sido convertida en el arma perfecta por parte del gobierno para encarcelar a aquellos que disienten de sus políticas antisociales, para acallar las voces de aquellos que protestan por los abusos contra ciudadanos cuyo único delito es haber nacido dalit, adivasi, musulmán… para silenciar a aquellos que denuncian los abusos del gobierno y su círculo de amigos los cuales se están enriqueciendo a velocidad de órdago mientras la gran masa popular es victima de sus abusos…

Y ha sido así desde el principio con leyes similares o anteriores y todas con un solo gran objetivo: restringir, limitar o simplemente ignorar los derechos civiles de los ciudadanos que les desagradan. Estas leyes otorgan a la policía poderes ilimitados para eludir el proceso adecuado establecido para proteger el derecho de los ciudadanos a un juicio justo. Todas las leyes anti-terroristas aprobadas debían funcionar como leyes de detención preventiva, pero en realidad están criminalizando las intenciones, creencias y pensamientos de una persona, lo que es inmoral, injustificado e inconstitucional. Este sistema injusto no se limita a un solo partido político, está ocurriendo con los diferentes gobiernos desde la partición. No podemos aceptar estos abusos con el argumento de que son una herencia británica, aunque sea cuando empezó. Desde 1947, India es independiente y sólo a sus gobiernos debe la patética situación actual de los derechos civiles.

Una de las primeras leyes restrictivas se elaboró y aplicó en Bengala en 1818: para garantizar la seguridad, daba permiso para poner a las personas «bajo restricción personal» incluso sin «motivos suficientes para iniciar ningún procedimiento judicial». Esta ley se extendió a todo el país y estuvo en vigor hasta 1927. Se utilizó contra los luchadores por la libertad.

Hasta hoy, todas las leyes de prisión preventiva del país reflejan la criminalización de la disidencia y la falta de necesidad de probar la sospecha.

En 1908, la «CLA» (Criminal Law Amendment) definió el concepto de «asociación ilícita» para ilegalizar a las organizaciones que trabajaban por la libertad de la India.

Posteriormente, los británicos aprobaron la «Ley de Delitos Anárquicos y Revolucionarios», conocida como Ley Rowlatt (1919-1922). La Ley Rowlatt autorizaba la detención preventiva de personas hasta dos años bajo sospecha, especialmente en las zonas denominadas por el gobierno como «afectadas». Pero la Ley no definía cuáles eran los «movimientos anárquicos y revolucionarios» que pretendía combatir. Esta brutal ley eliminó el derecho de apelación y negó el derecho a un abogado. Al aplicarse a la vida cotidiana, no sólo en momentos de emergencia, la Ley Rowlatt se convirtió en un punto importante de la campaña de no cooperación a principios de los años 20.

La Ley Rowlatt es claramente la predecesora de la actual UAPA, ya que es muy anterior a las cuestiones que han surgido con la Ley de Prevención de Actividades Terroristas y Perturbadoras (1985-1995) y la Ley de Prevención del Terrorismo (2001-2004) y, al no definir los «movimientos anárquicos y revolucionarios», da lugar al término «ilegal» y al uso que hace de él la UAPA. Además, en las zonas consideradas «afectadas» -donde las leyes se interpretan de forma muy liberal-, esta Ley Rowlatt puede considerarse precursora de la ignominiosa Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) y de la TADA. La UAPA es el resultado del “crecimiento gradual” de la Ley CLA de 1908.

Tras la independencia, la Ley de Detención Preventiva (PDA) fue una de las primeras leyes draconianas aprobadas para frenar la libertad de los ciudadanos. La ley se aprobó como medida temporal para hacer frente a la violencia y los desplazamientos que se produjeron durante la partición. La ley autorizaba al gobierno a detener a personas sin cargos durante un máximo de un año. Se introdujo con un límite de doce meses, ya que el entonces Ministro del Interior dijo que una ley que autorizara la detención preventiva permanente «requería más estudio». Sin embargo, la PDA fue revisada anualmente por el Parlamento y renovada en repetidas ocasiones durante casi dos décadas antes de ser finalmente abolida en 1969. Estuvo en vigor de 1950 a 1969.

En 1962 se celebró la primera reunión del Consejo Nacional de Integración bajo la presidencia del Primer Ministro, Jawaharlal Nehru. Poco después de que el Consejo recomendara restricciones «razonables» al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en interés de la soberanía y la integridad del país, el Parlamento aprobó la 16ª Enmienda a la Constitución india, que facultaba al gobierno a imponer restricciones a la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de formar asociaciones y todas esas restricciones eran, por supuesto, en interés de la soberanía y la unidad de la India.

El 20 de octubre de 1962, con motivo de la agresión exterior de China, se declaró el estado de emergencia en virtud del artículo 352 de la Constitución. Al mismo tiempo, se produjo una crisis interna, ya que C.N. Annadurai, líder del Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), defendió abiertamente el programa de autodeterminación de su partido, que incluía la secesión de Tamil Nadu de la Unión India. Un gobierno central asustado quiso imponer algunas restricciones a las libertades de los ciudadanos e introdujo la Ley de Actividades Ilegales (Prevención) – UAPA 1967 antes de que expirara el estado de emergencia. También se argumentó que la Ley debía cumplir los objetivos de la 16ª Enmienda,

Aunque se introdujo en la 3ª y 4ª Lok Sabha, no pasó de una fuerte oposición. Finalmente, en la 5ª Lok Sabha, entre fuertes debates, se aprobó la Ley de Actividades Ilegales (Prevención) de 1967 (UAPA).

Esta ley, UAPA 1967, se centraba en las «actividades ilícitas». En su sección 2(f) definía la «actividad ilegal» como cualquier acción realizada/causada por un individuo o asociación con la intención de provocar/crear una cesión/secesión o una acción que perturbe o cuestione la soberanía y la integridad territorial de la India, entonces la recién nacida UAPA añadía más poder a la PDA, ya que le otorgaba la facultad de declarar «ilegales» a las organizaciones y de restringir y controlar a sus miembros. El término «ilegal» se definió vagamente, lo que facilitó que la ley criminalizara un gran espectro de actividades consideradas inconvenientes por el gobierno. En virtud de la UAPA, la fianza es difícil de obtener. Los ciudadanos detenidos pueden permanecer en prisión preventiva durante seis meses sin ni siquiera presentar un pliego de cargos.

Como complemento a la UAPA, en mayo de 1985 se promulgó la Ley de Actividades Terroristas y Perturbadoras (TADA) para controlar el terrorismo en el Punjab y otras partes del país. La TADA sólo tiene definiciones vagas sobre lo que son «actividades perturbadoras» causadas por actos o discursos y comprende una amplia variedad, incluyendo cualquier forma de protesta. Una vez más, con esta ley se crearon tribunales especiales de la TADA para procesar a los acusados de actividades terroristas en las zonas designadas por el gobierno como «zonas afectadas por el terrorismo». La nueva ley creó nuevos delitos, aumentó los poderes de la policía y redujo la seguridad de los detenidos. Las confesiones realizadas bajo custodia eran pruebas admisibles, lo que facilitaba los abusos y la tortura. Bajo el pretexto del terrorismo, la ley se utilizó contra miembros de comunidades marginadas y sindicalistas. Más de 76.000 personas fueron detenidas mientras la ley estuvo en vigor entre 1985 y 1995. Su tasa de condenas fue inferior al 1%, lo que significó que miles de personas fueron encarceladas injustamente. La TADA pasó por encima de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Constitución y, ante las acusaciones de uso indebido, dejó de aplicarse en virtud de una mas que cuestionable cláusula en 1995.

Tras el atentado del 9 de septiembre, el gobierno propuso la Ley de Prevención del Terrorismo (POTA) como nueva ley anti-terrorista. Con una fuerte oposición social y política, fue aprobada por el Parlamento en 2002. Esta nueva ley re-instauró muchas disposiciones de la antigua TADA, lo que garantizó que siguieran los abusos. La POTA reforzaba los poderes policiales, limitaba los derechos de la defensa, readmitía como prueba válida las confesiones realizadas bajo custodia policial y creaba tribunales especiales. Al igual que sus predecesoras, esta ley no definía claramente el término «terrorista» o «actividades terroristas».  Esta ley nunca se ha utilizado contra grupos nacionalistas hindúes bien conocidos por sus ataques a las minorías. Por ello, la ley fue finalmente derogada en diciembre de 2004. Cuando se derogaron la TADA y la POTA, el gobierno se las arregló para insertar los artículos que les convenían de ambas leyes en la UAPA para llenar las lagunas que según el gobierno tenia. La UAPA se ocupa ahora de delitos tan diferentes como «actividades ilícitas» y  «actos terroristas».

Entre 1967 y 2018, la UAPA ha sido modificada varias veces y siempre ampliando los poderes del gobierno sobre los ciudadanos:

– 1969 – se enmendó contra J&K.

– 2004 – se incorporaron artículos convenientes de la POTA.

– 2008 – se amplió la definición de «acto terrorista».

– 2019 – se introduce el poder de designar a cualquier individuo como «terrorista» ante la más mínima sospecha. Aumenta el poder de la Agencia Nacional de Inteligencia (NIA) al darle la facultad de actuar en todo el país sin tener que rendir cuentas a los gobiernos de los estados. También elimina el principio de la presunción de inocencia, teniendo el acusado que demostrar su inocencia en lugar de ser el Estado quien demuestre su culpabilidad. También aumenta a un máximo de dos años el derecho a detener a cualquier persona que consideren sospechosa sin tener que demostrar que ha cometido un delito.

Esta última enmienda convierte al gobierno en juez y parte, eliminando así el principio de imparcialidad de la justicia. Cualquier acusado sigue teniendo derecho a acudir al tribunal constitucional por la violación de sus derechos fundamentales, pero pasarán años antes de que se haga justicia si es que eso llega a ocurrir. De esta manera tan ruin y maléfica, el gobierno se ha dado poderes ilimitados para detener a cualquiera que se oponga a sus políticas y lo que es peor, el gobierno burla a los gobiernos estatales ignorándolos y actuando sin tener en cuenta sus propias reglas. Rara vez comprueba si hay algún proceso en curso contra el o los sospechosos.

Por último, mostrando un increíble ego y arrogancia, el gobierno ha afirmado que la UAPA tras la última enmienda de 2019 cumple con sus obligaciones internacionales. Pues bien, son los únicos que lo piensan, ya que la UAPA viola directamente múltiples convenios, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1967, que reconoce la presunción de inocencia como un derecho humano universal y permite el uso de la prisión preventiva SÓLO como último recurso.

La UAPA es el ejemplo perfecto de sofisma en el que premisas falsas llevan a una conclusión verdadera, por lo que el gobierno está utilizando la UAPA creando acusaciones falsas para justificar las detenciones, ya que con las pruebas falsas creadas por ellos, exigen que se aplique la ley. Es sólo un arma creada para acabar con la libertad de los ciudadanos que se atreven a oponerse a ellos.

Esta última versión de la ley recuerda a la Ley de Mantenimiento de la Seguridad Interna (MISA) de 1971, la ley de la era de la Emergencia y de la cual, Indira Gandhi hizo mal uso y ademas abusó. La MISA permitía la detención preventiva indefinida, las escuchas telefónicas y el registro e incautación de bienes sin orden judicial. Se utilizó para reprimir la disidencia política durante la Emergencia.

Como ley de detención preventiva, la UAPA se utiliza de forma abusiva y esta dando lugar a detenciones por motivos políticos y a violaciones de los derechos humanos. Hay algunas peticiones que impugnan la última enmienda por ir en contra de algunos artículos de la Constitución india: el derecho a la igualdad (artículo 14), la libertad de expresión (artículo 19) y la vida (artículo 21)

La UAPA es draconiana porque criminaliza la asociación, criminaliza la ideología y criminaliza incluso la intención. Si tienes un documento, un libro, una película… puedes ser condenado de por vida y, a diferencia de la PDA, la UAPA descartó la cláusula de revisión periódica, lo que la hace indefinidamente válida a menos que sea derogada en el Parlamento.

  Año No. de casosNo. de personas bajo juicioNo. de personas convictasNo. de personas absueltas
  2014     897   
  2015     976   
  2016     922            3047           24              19
  2017     901            4098           39              42
  2018   1182            4862           35            117
  2019   1226            5645           34              92
  2020     796            6482           80            116

El laberinto del Minotauro era un parque infantil en comparación con la búsqueda de información clara en los sitios web del gobierno, entonces estos números son probablemente erróneos pero son los publicados por ellos. El aparente descenso en 2020 no se debe a que dejen de cazar sino a la pandemia de Covid. No hay datos disponibles desde entonces.

El uso y abuso de la UAPA o por qué debemos preocuparnos por los amigos/compañeros detenidos/encarcelados añadiéndolos como otra consecuencia de la ley al igual que los asesinados en su nombre y por la supuesta integridad y seguridad del país.

Los datos oficiales no separan cuántas de esas muertes se produjeron bajo custodia policial y cuántas bajo custodia judicial (en prisión).

Las cifras asustan: 2.544 en 2021-22 frente a 1.940 en 2020-21 lo que supone un aumento del 31,13% en el número de casos registrados.

Modi acche din (significa ‘se acercan buenos tiempos’ expresión acuñada como eslogan en su campaña electoral de 2014) :

Sus ‘buenos tiempos’ traducidos en números son: 11.656 personas muertas (oficialmente) bajo custodia (policial y judicial) entre 2016 y 2022.

Y no podemos olvidar a los muertos en falsos encuentros. Los datos de ellos son más confusos, si cabe, que los de las muertes bajo custodia.

Desde 2014 hasta el 20 de enero de 2019 se han registrado 250 casos de asesinatos en supuestos encuentros falsos. Hace pocos días se dieron las últimas cifras: 82 personas fueron asesinadas en encuentros policiales durante 2020-2021 y el número salta a 151 durante 2021-2022…. parece que la policía estuvo ocupada durante la pandemia de Covid.

#DerogacionUAPA

#LibertadParaTodosLosPresosPoliticos

Libertad para todos los prisioneros políticos

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