Las últimas masacres de jóvenes en distintas regiones del país han ocasionado el repudio general tanto en Colombia como en el mundo. Y no es para menos pues las cifras son aterradoras: en lo que va corrido del año se han presentado más de 40 masacres, más 19 mil desplazados y por lo menos 86 jóvenes fueron asesinados en las últimas diez semanas en 20 de esas masacres, según los propios informes de la imperialista ONU y de distintas ONG’s, investigadores y periodistas. A ello se agrega el asesinato sistemático de dirigentes, luchadores populares, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc que hasta mediados de agosto, según la ONU, sumaban 97.
Para la inmensa mayoría de investigadores y analistas son solo frías cifras para sugerir medidas y recomendaciones dando la apariencia de preocupación, o para insistir en la necesidad de avanzar en la implementación del acuerdo de paz; para los politiqueros son apenas un motivo más para hacer proselitismo y venderse como la próxima alternativa que sí traerá la paz; para el gobierno también sirven las cifras y los hechos para hacer comparaciones estúpidas y “demostrar” con cifras cínicamente amañadas que todo va bien y mejorando.
Mientras tanto, la pesadilla de la guerra reaccionaria sigue tiñendo de sangre campos, poblaciones y calles, dejando cada vez más en claro que la paz prometida por los ricos era la paz de los sepulcros, que la felicidad y el progreso anunciados eran para los grandes capitalistas y narcotraficantes. Hechos que generan la justa indignación del pueblo y manifestaciones de rechazo a la matanza, obligándole a preguntarse cómo poner fin a esta guerra donde son sacrificados sus hijos y la imposición violenta del poder de los fusiles en manos de militares, paramilitares y guerrilleros al servicio de los carteles de la droga o de los grandes monopolios.
Los hechos de este año, solo confirman dolorosamente el análisis del proletariado revolucionario, del cual dan cuenta no solo las acciones de la guerra reaccionaria, sino la burla de lo pactado por parte de las clases dominantes con los jefes de las Farc, como puede observarse en los distintos informes sobre el avance de la implementación de los acuerdos de paz; particularmente, por el “informe multipartidista” ¿En qué va la paz a 2 años del gobierno Duque? Presentado por 13 congresistas de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Cambio Radical, Liberal, Colombia Humana y ‘la U’ a principios de agosto.
El informe se apoya en lo firmado para juzgar el avance en la implementación y a pesar de la manía burguesa de no llamar a las cosas por su nombre puede resumirse en lo siguiente:
• En este año se ha incrementado la guerra contra el pueblo manifiesta en el aumento de masacres, asesinatos de dirigentes populares y excombatientes, los confinamientos y desplazamientos forzados.
• Es casi total el incumplimiento de los acuerdos en cuanto a reparación de víctimas y dotación de tierras calculando que “nos tomaría 43 años indemnizar a todas las víctimas y que solo se está cumpliendo con un 0,08% de lo que se debería estar haciendo al año para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas entregadas en 12 años a campesinos”, además de la burla infame que significa entregar 317 hectáreas divididas en 923 familias.
• Igualmente es una burla el propósito de “estabilizar” los territorios azotados por la guerra o cobijados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, pues “sólo se está ejecutando al año el 1,52% del presupuesto”, es decir que se tardarían más de 40 años en mejorar los municipios azotados por la guerra; como lo es también el que “71,3% de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo” financiado por el Estado; y de remate, la sustitución de cultivos ilícitos, “tomará 139 años para que el total de las familias que optaron por la sustitución concertada cuenten con un proyecto productivo”.
Tal es la verdad sobre la paz de los ricos, y para que los trabajadores puedan responder con acierto y poner fin a la guerra que azota al pueblo colombiano es necesario hacer un poco de historia reciente sobre la falsa paz que vendieron los explotadores (burgueses y terratenientes socios y lacayos del imperialismo) y sus representantes políticos, acolitados por los jefes reformistas de los partidos de la pequeña burguesía y el oportunismo armados y desarmados.
En Colombia, desde antes de la firma de los acuerdos de La Habana entre el gobierno y los jefes de las Farc, fueron los comunistas con Revolución Obrera como altavoz quienes advirtieron que la paz de los ricos solo podía ser la continuación de la guerra contra el pueblo, pues su causa se encuentra en la lucha inter-burguesa por la renta o ganancia extraordinaria que brindan los llamados cultivos ilícitos (coca, marihuana y amapola), las grandes plantaciones agroindustriales de palma africana y las explotaciones mineras.
Para más ilustración ver: Sin revolución no habrá paz para el pueblo, 2013, La cuestión de la guerra y la paz en Colombia, 2016, La historia de las amnistías una historia de engaños, 2016, entre otros tantos escritos.
Fueron también los comunistas quienes posteriormente, frente a los reclamos insulsos de los jefes de las Farc y otros politiqueros ante el incumplimiento de los acuerdos y los reclamos al uribismo por pretender “hacer trizas” lo firmado, se pronunciaron demostrando que desde el gobierno de Santos en abril de 2018 el “Acuerdo de Paz” ya estaba “hecho trizas” con la persecución y asesinato de los excombatientes y el incumplimiento de lo pactado, tanto para la base guerrillera como para los campesinos; porque la esencia del acuerdo firmado no era conseguir la paz para el pueblo sino legalizar el despojo de los campesinos pobres y medios (10 millones de hectáreas les fueron arrebatadas) para darle un nuevo impulso al desarrollo del capitalismo en el campo, a la vez que se mantenía la lucha por la renta o ganancia extraordinaria.
Por consiguiente, poner fin a la guerra reaccionaria y conquistar la paz para el pueblo no está en manos de los representantes de la burguesía y el imperialismo, ni de los jefes politiqueros de derecha o de la izquierda reformista, sino de los trabajadores del campo y la ciudad, de la alianza fraterna entre los obreros y los campesinos que alzados en armas destruyan el viejo Estado de los explotadores y todo el poder del capital.
Solo expropiando a los actuales expropiadores con el poder del pueblo armado se conquistará la paz, pues el nuevo Estado de obreros y campesinos puede inmediatamente confiscar sin indemnización las tierras usurpadas por los imperialistas, burgueses y terratenientes para entregarlas a los trabajadores y construir unas nuevas relaciones de cooperación obedeciendo a un plan común que satisfaga las necesidades comunes del pueblo y no la ganancia de los parásitos explotadores.
Esa es la perspectiva revolucionaria para poner fin a la guerra, y por eso el pueblo trabajador está obligado a prepararse: en primer lugar, organizándose para impedir que lo sigan masacrando y asesinando a sus hijos y dirigentes, generalizando las guardias y milicias populares para protegerse y responder con la violencia revolucionaria a la violencia reaccionaria; en segundo lugar, avanzando en la preparación y organización del Paro General Indefinido que ligue la lucha contra la guerra injusta y el terrorismo de Estado con las reivindicaciones generales del pueblo trabajador, para frenar con la huelga, el paro, los bloqueos y la movilización los planes reaccionarios del régimen y las clases dominantes; confrontación que, en tercer lugar, abona y prepara el camino para que los obreros y campesinos aprovechen la división y debilidad de los enemigos, tomen la iniciativa histórica y no dejen piedra sobre piedra del viejo poder de los explotadores, atreviéndose a construir el nuevo Estado, el nuevo poder del pueblo armado que haga posible, no solo la paz, sino también sus sueños de igualdad y libertad.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Septiembre 3 de 2020
