Letra muerta en la Corte y hechos vivos de guerra contra el pueblo

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El 27 de enero la Corte Constitucional emitió un fallo en el que declara un Estado de Cosas Inconstitucional, por las fallas en la implementación del componente de garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc que se sometieron al Acuerdo de Paz. Enfila baterías contra la Unidad Nacional de Protección por negligencia en garantizar la vida de los desmovilizados, a la vez que ordena a la Procuraduría «crear un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia con el auxilio de la Defensoría del Pueblo». Unos días después, entre el 29 y el 30 del mismo mes, 3 excombatientes más cayeron abatidos. Las palabras muertas de la Corte sobre la paz contrastan con los hechos vivos de la guerra.

Son más de 300 los excombatientes asesinados desde la firma de la falsa paz. Los hechos del 2021 y 2022 confirman la advertencia hecha por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2020 y citada por la Corte, según la cual, de continuar esa tendencia, a diciembre de 2024 podrían ser 1.600 los desmovilizados de las Farc asesinados, lo que equivaldría al 12 % del total de la población que firmó la falsa paz. Pero sobre todo, confirman lo dicho por la Unión Obrera Comunista (mlm): ¡La paz de los ricos es guerra contra el pueblo!

Se repite una vez más la dolorosa historia de las amnistías y los acuerdos de paz en Colombia, ilustrados en el folleto La historia de las amnistías, una historia de engaños:

la historia de los acuerdos de paz en Colombia siempre han sido un instrumento para beneficiar a algunos jefes, mientras que a la masa de los combatientes se les ha tratado como criminales… en cuanto a la Amnistía: ‘Se trata del recurso jurídico, impulsado y manejado por gobiernos y clases en el poder, con el fin de poner término a situaciones conflictivas que no permiten el desarrollo normal de sus propósitos de explotación y dominación’.

Se cumple dolorosamente la advertencia de los comunistas de que no habría tal paz con la entrega de los jefes de las Farc, pues persistiría la guerra contra el pueblo. Los hechos hablan: desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 han ocurrido 235 masacres, son más de 300 mil los desplazados y 1300 dirigentes y luchadores populares ha sido asesinados, además de los excombatientes liquidados. Hechos que se han ido incrementando justamente después de la firma del Acuerdo y se han escalado desde el 2020.

La reciente Sentencia de la Corte Constitucional hace recordar la también letra muerta de la Sentencia T-025-04, con la cual igualmente determinó un Estado de cosas inconstitucional frente a la población desplazada, y cuyas “órdenes perentorias” de atención, reparación y no repetición, contrastan con los persistentes hechos: ni atención a la población desplazada, ni reparación y mucho menos impedimento de no repetición. Por el contrario, burlas a las exigencias, asesinato de reclamantes, re-victimización y re-desplazamiento.

Y no podía ser de otra forma, por cuanto la guerra contra el pueblo, han insistido los comunistas desde Revolución Obrera, tiene su base en la jugosa renta que brindan los cerca de 10 millones de hectáreas de tierras expropiadas a sangre y fuego a los pobres del campo, para darle vía libre a la gran minería, a la agroindustria de la palma de aceite, el caucho, la teca, los cereales… y continuar el negocio de la coca, la marihuana y la amapola.

La letra muerta de la ley y los discursos de los politiqueros en campaña no resuelve el problema vivo de la guerra reaccionaria contra el pueblo. El Estado asesino no puede ser al mismo tiempo el juez y protector de las víctimas. Las decisiones e informes de las ONG y Cortes internacionales, también son letra muerta que pisotean y desconocen los beneficiarios de la guerra hoy parapetados en el régimen de la mafia uribista.

¡Solo el pueblo salva al pueblo!, no solo en la lucha política incruenta, sino principalmente en la forma superior armada de la lucha política, donde le corresponde al pueblo no esperar salvadores supremos, sino organizarse y prepararse para desatar la guerra popular, respondiendo a la violencia reaccionaria de los capitalistas con la violencia revolucionaria de los pobres, defendiendo con las armas a sus dirigentes y comunidades, y avanzando hasta derrocar el poder político de los opresores, pues no habrá paz, mientras perviva la explotación asalariada y subsista la propiedad privada sobre la tierra y demás medios de producción. Solamente en el socialismo, el nuevo Estado de los obreros y campesinos pondrá fin a la guerra que los explotadores han ejercido contra el pueblo.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm) 
9 de febrero de 2022

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