EL TERROR ESTATAL ES EL ASESINO DE LOS DIRIGENTES POPULARES

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EL TERROR ESTATAL ES EL ASESINO DE LOS DIRIGENTES POPULARES 1

Continúa la matanza de dirigentes del pueblo. A diario caen compañeros condenados a muerte por reclamar las tierras expropiadas a los desplazados, por oponerse a los monopolios mineros y palmeros destructores de páramos, bosques y selvas, por denunciar a los gobernantes corruptos, por resistir al asedio y confinamiento decretado por las bandas armadas al servicio de los grandes negocios del narcotráfico y el contrabando, por reclamar del gobierno cumplimiento de acuerdos firmados, por defender los derechos fundamentales de las comunidades, por rechazar la brutalidad policial, por denunciar los atropellos del ejército… y hasta por haber dejado las armas confiando en la paz de los opresores capitalistas.

Ante tan miserable campaña exterminadora de dirigentes del pueblo, surgen dos grandes orientaciones para hacerle frente.

La orientación de los jefes de los partidos reformistas y oportunistas, hoy agrupados y expresados en la “oposición oficial”, que desde el punto de vista de clase de la pequeña burguesía suplican al Gobierno y al Estado poner fin a la matanza, llaman a la movilización del pueblo para apoyar en la calle los alegatos parlamentarios de los politiqueros “opositores” y aprovechar las elecciones de octubre para “elegir” a sus candidatos y hacer mayoría en las instituciones del Estado para así garantizar que la opresión política sobre los pobres “no sea tan atroz” ni asesine a mansalva a los dirigentes del pueblo.

De otra parte, está la orientación de los revolucionarios, que desde el punto de vista de clase del proletariado, llaman al pueblo a confiar en la fuerza de su propia lucha, la cual hoy debe ser una lucha política de masas en la calle contra el Gobierno y el Estado; llaman a los trabajadores a rechazar la farsa electoral, ligando la abstención con la preparación y organización de un Paro Nacional Indefinido que recoja en una única Plataforma todas las exigencias reivindicativas de los trabajadores y junte en un solo torrente de lucha todas las manifestaciones de rechazo al asesinato de dirigentes; toda la rabia e inconformidad del pueblo contra este sistema capitalista a cuyos esclavos asalariados, por producir grandes ganancias para los empresarios de la tierra, de la industria y de los bancos, les paga con salarios de hambre consumiendo sus vidas en medio de incontables sufrimientos; toda la indignación, rechazo y rebeldía contra la represión, terror y muerte que esos mismos capitalistas ejecutan sobre el pueblo por mano de las fuerzas armadas de su Estado, máquina de poder para ejercer la dictadura de los capitalistas.

Expresión viva del rechazo del pueblo al asesinato de sus dirigentes, fueron las manifestaciones del 26 de julio convocadas por “Defendamos la paz” con banderas reformistas “por la paz y por la vida”, respaldadas por la “oposición oficial” cuyos jefes tuvieron la desvergüenza de invitar al Gobierno cuyo sub-presidente quiso hacer la payasada de salir a la calle en Cartagena, “jugadita” que le duró poco pues fue abucheado y expulsado de la marcha por los trabajadores en medio de una atronadora denuncia: ¡Duque paraco, el pueblo está verraco!

Por su parte, los Comités de Lucha acogiendo la orientación revolucionaria, desde antes habían convocado para el 25 de julio movilizaciones en distintas ciudades en protesta contra el Terrorismo de Estado, directo y principal responsable de los asesinatos de dirigentes populares. Días después, conocida otra convocatoria para el 26 de julio, los Comités de Lucha decidieron apoyarla participando con independencia.

En efecto el 26 de julio los manifestantes colmaron plazas y calles de las principales ciudades, en una movilización que en cantidad rebasó los cálculos y planes lúdicos de los organizadores y en calidad opacó los cánticos fofos por “la paz y la vida”, imponiendo la denuncia masiva al Terrorismo de Estado. Mientras los dirigentes de la “oposición oficial” pretendían hacer una marcha sumisa en contubernio con los representantes de los criminales en el Gobierno, con gran sapiencia las masas del pueblo rechazaron la presencia del títere presidente, desconocieron las súplicas “por la paz y la vida” y acogieron la denuncia directa al Terrorismo de Estado.

Es tan profundo el respeto, sumisión e idolatría de los jefes reformistas y oportunistas de la “oposición oficial” hacia el Estado burgués, el Estado de los capitalistas, que le imploran a este verdugo del pueblo, protección y medidas contra los asesinos a su servicio.

Esos sabiondos jefes reformistas y oportunistas no pueden comprender por su fe supersticiosa en el Estado, ni aceptar por su compromiso con la defensa de la explotación, que todo Estado es una dictadura de clase, así se revista de las formas más democráticas. El Estado en Colombia no es la excepción; es una máquina dictatorial al servicio de los capitalistas burgueses y terratenientes, al servicio de los imperialistas principalmente estadounidenses, para oprimir al pueblo y garantizar que el régimen de la explotación asalariada siga surtiendo enormes ganancias para unos cuantos parásitos sociales.

No por casualidad los asesinos matan desplazados y reclamantes de tierras pero no pelan burgueses ni terratenientes despojadores; ¿por qué los asesinos matan activistas defensores de los páramos, del agua, de territorios ancestrales de comunidades indígenas, pero nunca atentan contra los dueños de los monopolios que destruyen la naturaleza, desplazan y copan territorios?; ¿por qué los asesinos matan a los denunciantes de la corrupción pero jamás cuelgan a un asqueroso corrupto?; ¿por qué los asesinos matan a campesinos y jornaleros en las plantaciones y rutas de la coca, pero nunca descabezan a uno de los capos del narcotráfico?…

El poder político del Estado pertenece a las clases económicamente dominantes, y en Colombia los burgueses, terratenientes e imperialistas que se apropiaron de 10 millones de hectáreas despojadas a los campesinos, los capos capitalistas que manejan los grandes negocios de la minería, el narcotráfico, el contrabando, los dueños del capital financiero cebados en el negocio de la contratación estatal y la corrupción… todos son parte de esas clases económicamente dominantes y tienen poder político en el Estado que los representa y defiende a sangre y fuego sus intereses, y además tienen un gobierno que los ampara por ser el administrador general de los negocios de todos los capitalistas.

Entonces, cómo se le puede implorar justicia contra los asesinos de los dirigentes populares, al Gobierno y al Estado directos representantes políticos de los expropiadores, de los monopolios, de los mafiosos, de los banqueros, de quienes los sicarios y asesinos materiales son simples mercenarios a sueldo protegidos por la complicidad de las fuerzas militares, por la complacencia de alcaldes y gobernadores, por la indiferencia de las instituciones de control en el Estado dedicadas apenas al conteo de los muertos, por la desidia de jueces y carceleros, en fin, por el Terrorismo de Estado método sistemático preferido de la burguesía para ejercer su dictadura en defensa de sus intereses económicos de clase.

De ahí se deriva que la mejor forma de resistir ahora a la campaña de terror desatada por las clases dominantes no es confiar la protección de los dirigentes populares a las mismas fuerzas del Estado que los asesina, sino organizar su defensa directa por la base como lo enseña la experiencia de la Guardia Indígena; como también se pone en evidencia la necesidad de desechar las ilusiones en los debates en el establo parlamentario, desplegando la más enérgica movilización en las calles y avanzando en la preparación y organización de un Paro Nacional Indefinido. Pero no es suficiente oponer resistencia a los criminales, es necesario cortar el mal de raíz.

El régimen de la explotación asalariada capitalista es el causante de las privaciones y sufrimientos del pueblo colombiano. Y si ese régimen económico está salvaguardado por la fuerza del Estado burgués, terrateniente y proimperialista, es inocuo pretender “remodelarlo” en un “Estado Social de Derecho” al servicio de todas las clases sociales, como proponen los jefes reformistas y oportunistas. El Estado burgués es un instrumento hecho exclusivamente para servir a la explotación y garantizar los privilegios de clase de los explotadores. No se puede transformar pacíficamente mediante elecciones en un Estado que sirva a los explotados. El Estado o es burgués o es proletario. Y el Estado proletario solo se puede construir sobre las ruinas del Estado burgués, que ha de ser destruido, demolido, por la revolución proletaria. He ahí la única forma de exterminar para siempre el terrorismo Estatal burgués victimario del pueblo y asesino de sus dirigentes. No basta resistir a los criminales, es necesario derrocarlos.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)

Agosto 16 de 2019

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