Mientras el pueblo se enferma y muere, no solo por causa del covid-19, sino por todas las demás enfermedades curables, por hambre, por terrorismo, etc., el régimen uribista de Duque despilfarró más de $22.800 millones comprando camionetas blindadas para su protección. Eso suman los dos contratos que firmaron, por un lado el Ministerio de Defensa para cambiar las 23 camionetas que protegen al sub-presidente Duque por más de $9.600 millones; y por otro, el que firmó el Consejo Superior de la Judicatura para renovar 51 blindadas nivel IIIA Toyota para la seguridad de los magistrados por más de $13.200 millones. Ambos contratos “extrañamente” se los ganaron los mismos proveedores: la Unión Temporal Toyonorte Ltda, Armor International de Colombia Ltda y Blindex S.A.; corrupción y despilfarro por donde se le mire.
Régimen asesino que teme por su seguridad ante los latentes levantamientos populares en contra del Estado de los ricos por la forma en que le ha dado tratamiento a la crisis sanitaria y alimentaria exacerbada por el coronavirus.
Régimen derrochador que usa millonarios fondos para gastos suntuarios que bien podrían ir a la compra de respiradores artificiales o de camas para las UCI, o para pagar sueldos y prestaciones atrasadas al personal que trabaja en el sector salud.
Régimen antipopular que es odiado por el grueso de los obreros, campesinos y por el pueblo en general, porque mientras salva al capital financiero (bancos, aseguradoras, EPS, fondos de pensiones privados) no es capaz de garantizar la alimentación básica del pueblo, ni un ingreso mínimo mensual y además pone trabas a los créditos para los medianos y pequeños comerciantes y campesinos.
Régimen mafioso que hace parte del Estado de los ricos, que por medio de maniobras burocráticas y chanchullos, defiende ese despilfarro diciendo que el Ministerio de Hacienda del vampiro Carrasquilla aprobó los recursos en octubre de 2019 y que la firma de los contratos se dio en marzo de 2020, lo que demuestra que a esas clases parásitas no les interesa el bienestar del pueblo, pues ya se conocía la tendencia mundial de contagios y muertes causadas por el coronavirus y que era cuestión de unos cuantos días para que la curva se elevara en el país, o que para salvar a los bancos en los 90s impuso rápidamente y sin problemas un impuesto para que lo pagara el pueblo y que aún sigue pagando.
Se necesita la revolución proletaria para instaurar el Socialismo en Colombia, pues ese tipo de Estado dirigido por los obreros y campesinos resuelve fácilmente ese tipo de problemas. Primero porque sus dirigentes son queridos por el pueblo que los protege, reemplazando las onerosas y corruptas fuerzas armadas, por el armamento general del pueblo; y tomando todas las medidas necesarias para hacer muy económica la seguridad en el Nuevo Estado. Además, la política que dirige la economía planificada en el Socialismo es la de satisfacer las necesidades de las masas y no las de un puñado de parásitos capitalistas, por lo tanto, las masas gozarán de salud con cobertura total con la mejor calidad; de tal manera que una contingencia como la del coronavirus no desacomodará la prestación normal de este derecho del pueblo. Y si fuera necesario destinar recursos adicionales; sería muy fácil redirigir el presupuesto nacional hacia las nuevas necesidades que surjan ocasionalmente, pues es un Estado libre de burocratismos, en el cual las decisiones sobre la dirección estatal van desde la base hacia los dirigentes, los cuales ejecutan lo que las masas decidan y si no lo hacen, son fácilmente removibles; quienes ocupan los cargos de dirección, son apenas instrumentos para llevar a cabo el mandato popular.
Con su actuación, el régimen mafioso que está en el poder y el Estado de los ricos, cavan cada vez con más rapidez la tumba en que serán sepultados por los obreros y campesinos dirigidos por el futuro Partido político del proletariado.
