La Contraloría General de la Nación ha venido haciendo un trabajo juicioso, en el papel, sobre el tema de tierras, y ha realizado varios informes con datos interesantes que dan cuenta de la realidad que viven nuestros campesinos colombianos. Por ejemplo, elaboró un informe sobre La acumulación irregular en la Altillanura Colombiana (2017), sacó a la luz pública el Séptimo Informe sobre la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Agosto 2019), y el último, de enero de 2021, es el Informe sobre el estado de avances de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el acuerdo de paz.
En tal sentido esta serie de artículos los vamos a basar exclusivamente en los informes arriba descritos y otros de las entidades estatales, es decir tomaremos los datos oficiales del Estado Colombiano.
Ni Adjudicación…
Primero pongámonos en contexto, revisemos sólo una de las zonas de interés para el capital extranjero. Esta es la Altillanura Colombiana, que comprende más de 13.5 millones de hectáreas y tiene una población aproximada de 130 mil habitantes de siete municipios de los departamentos del Meta y Vichada; el 60 % de la población es rural; la altillanura comprende los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán en el Departamento del Meta y La Primavera, Cumaribo, Puerto Carreño y Santa Rosalía en el Departamento del Vichada. Esta región tiene un potencial de mas de 4 millones de hectáreas para el desarrollo de una agricultura a escala mundial, y he aquí una de las razones por las cuales está en la mira del capital nacional y extranjero; el fácil acceso, y las condiciones del terreno la hacen aún mas seductora al mejor postor.
Otro valor que tiene la Altillanura es que forma parte del Eje Andino en la Iniciativa de Integración Regional de Sur América (IIRSA), la cual conecta a Venezuela y Colombia a través de un corredor interoceánico a lo largo del río Orinoco (ver figura 1, donde se señala la región de la Orinoquía con un círculo). Se trata de un plan regional que busca incentivar el intercambio comercial y desarrollar actividades económicas en torno a la extracción petrolera, la pesca, la producción forestal, agrícola y ganadera a gran escala, así como la industria siderúrgica. Éste ha sido otro factor que contribuye a despertar el interés inversor en la región de la Altillanura.
Figura 1.
Así mismo, se volvió ley de los grandes monopolios la inversión en monocultivos; que es la práctica de plantar grandes extensiones de tierra con cultivos de una sola especie, aplicando los mismos patrones de cultivo, riego, fertilización y recolección; lo que deriva en la producción de grandes cantidades de un solo producto a muy bajo costo. Pero el precio que se paga por esta mala práctica es alto, porque afecta los ecosistemas que los rodean, pues al requerir grandes extensiones de tierra hace que se elimine todo tipo de ecosistemas y hábitats, así mismo, el proceso de cosecha y cultivo constante no permite que el suelo recupere los nutrientes para consentir más siembra, lo que ocasiona un desgaste acelerado de la fertilidad del suelo y erosión, además ocasiona otras afectaciones como desplazamiento, desempleo de los proletarios agrícolas pues esta práctica de monocultivo requiere poca mano de obra. Por consiguiente, la incidencia de esta forma de cultivar es generador de conflictos socio ambientales, ecológicos, económicos y políticos.
Entonces resulta que la disputa, acaparamiento y concentración de tierra en pocas manos en el ejemplo de la Altillanura colombiana, se viene haciendo con la venia y apoyo del gobierno de turno, llámese Uribe, Santos o Duque; en esta zona se ha impulsado fuertemente dos modelos de plantaciones: agroplantaciones de aceite de palma para combustible y un sistemático proceso de potrerización con fines específicos: primero deforestar la selva y extenderse hasta el corazón de la Amazonia, y el segundo ofertar las tierras en el mercado mundial para la ganadería y variedad de cultivos.
Pues bien, en el informe de la Contraloría, el común denominador de la lista aquí consignada, de “los grandes inversionistas”, los “salvadores de la economía nacional” los inversionistas extranjeros que vienen a “hacernos un favor”, es desarrollar monocultivos en la altillanura colombiana.
La acumulación “irregular” de tierras (como lo llama la Contraloría) involucra directamente a las siguientes organizaciones y personajes:
• Grupo Mónica de Colombia S.A.S.
• Multinacional Cargill
• Riopaila Castilla S.A.
• La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo – Corficolombiana
• Fiducia Helm Trust S.A. Predio “El Brasil”
• The Forest Company (Wood / Timberland – Holdings Limited)
• Agroindustria Guarrojo S.A.
• Carlos Aguel Kafruni
• Aceites Manuelita S.A.
• Poligrow Colombia Ltda.
• La Familia Lizarralde – Ocampo, familiares de Aurelio Iragorri (ministro del interior y de agricultura en el gobierno de Santos) y Camilo Pabón Puentes (señor que tiene un proceso judicial por acumulación indebida de 13 predios en San Martín Meta)
Todas esas empresas de manera directa o a través de empresas constituidas para el efecto, adquirieron y acumularon de manera irregular predios originalmente baldíos contrariando lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.
El informe es amañado al describir la situación sobre la acumulación de baldíos en la altillanura como “irregular”, y no denunciar abiertamente esta práctica como un robo directo de las tierras a los campesinos.
Son muchas las empresas agroindustriales nacionales o extranjeras que han robado tierras que debieran ser adjudicadas a campesinos en Colombia, pero para no ser más extensos en el tema de adjudicaciones veamos solo un caso de los 11 investigados por la Contraloría.
Adjudicación con interés privado
Las investigaciones de la Contraloría arrojaron que entre los años 2010 y 2012 Cargill, una compañía imperialista norteamericana, adquirió a través de 36 SAS subsidiarias 39 predios en los municipios de Santa Rosalía, Cumaribo y La Primavera (todos ellos en el departamento de Vichada) por una extensión de al menos 52.575,51 hectáreas (equivalente a más del área urbana de Bogotá). Para ello, el grupo empresarial de Cargill realizó una inversión superior a los 73.000 millones de pesos colombianos, equivalente a 38,5 millones de dólares.
El 30 de marzo de 2004 se constituyó en Bogotá la empresa Cargill Trading Colombia Ltda. con el objeto de importar y exportar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de productos agrícolas y alimenticios. El 14 de marzo de 2005 se constituyó la empresa Black River Ltda. con el objeto social de realizar actividades relacionadas con el mercado de valores y otras actividades de servicio de apoyo a las empresas. Esta empresa, corresponde en su actividad, razón social y origen de recursos, al fondo de cobertura de la multinacional Cargill, uno de los fondos con mayores niveles de recursos a nivel mundial, que faculta a este monopolio para llevar a cabo operaciones comerciales a escala global.
En la Cámara de Comercio de Bogotá, se destaca que estas dos empresas tienen por socios otras empresas de Cargill, en particular Cargill Incorporated, Cargill Américas Inc., Cargill Holdings BV. y Cargill Américas Inc.
En 2008 y 2010, Cargill constituyó dos empresas más; estas corresponden a Cargill de Colombia Ltda. y Colombia Agro SAS. Posteriormente entre los años 2010 y 2013, la imperialista Cargill constituyó al menos 36 sociedades por acciones simplificadas, con idéntica actividad económica: “cultivo de cereales, legumbres y semillas oleaginosas”, y que comparten los mismos socios y el mismo domicilio.
Entre los años 2010 a 2012, estas sociedades, adquirieron 39 predios en los municipios de Santa Rosalía, Cumaribo y La Primavera, con una extensión total de 52.575 hectáreas. Cada predio cuenta con una superficie promedio de 1.300 hectáreas y un máximo de 3.000 hectáreas, cuidándose de no violar el tope establecido en la Ley 160 de 1994.
La UAF (Unidades Agrícolas Familiares) en esta región puede alcanzar una extensión máxima de hasta 1.725 hectáreas en algunos municipios, mucho más alta que el promedio nacional, además la ley también prohibió que cualquier persona natural o jurídica acumulara más de una UAF de tierras que hubiesen sido anteriormente adjudicadas como baldíos.
Un dato curioso es que estas SAS del monopolio Cargill compraron esos 39 predios a un precio que osciló entre los 370.000 pesos y los 3,7 millones de pesos por hectárea, una inversión calculada de 73.000 millones de pesos colombianos. En promedio, se pagaron aproximadamente 1,5 millones de pesos por hectárea. Estas cifras contrastan con los precios de compra anteriores a 2006, que en promedio fueron de 45.500 pesos por hectárea, lo que significa que el precio promedio se multiplicó por 33.
El informe de la Contraloría también menciona en la información registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño (Vichada), que todos estos predios habían sido adjudicados a beneficiarios de la reforma agraria entre los años 1991 y 1998; es decir, tienen antecedente de baldíos de la nación, además que los predios son vecinos entre sí y conforman dos globos de tierra continuos. Un hecho común en los distintos casos de acumulación y concentración de tierras.
Por consiguiente, las 36 sociedades por acciones simplificadas creadas por Cargill presentaban varias cuestiones en común:
• Una misma actividad económica
• Un mismo representante legal
• Una misma revisoría fiscal de persona jurídica, que corresponde a la firma KPMG
• Todas las compras se protocolizaron en una misma notaría en un lapso de dos meses
• Cada sociedad compró un solo predio de 1.300 hectáreas aproximadamente.
La Ley 160 de 1994 prohíbe que un mismo propietario acumule más de una UAF, y de acuerdo con las investigaciones de la Contraloría, Cargill adquirió a través de su grupo empresarial al menos 52.576 hectáreas en el departamento de Vichada, y a esto el ente de control le llamó “acumulación de baldíos de forma irregular”.
Cuando a todas luces es evidente que las empresas fueron creadas con el firme propósito de comprar un predio para con ello acumular dos globos de tierra continua.
Pero Cargill es solo una muestra, en el departamento del Vichada y del Meta hay cientos de casos iguales o más terribles que el de ese monopolio imperialista: compra masiva de baldíos a precios ridículos por un mismo comprador.
Para completar el cuadro, empresas fachada de Cargill han recibido incentivos y créditos del Estado colombiano, que compensan su multimillonaria inversión; se pudo establecer que este monopolio, a través de su compañía Colombia Agro SAS, ha sido beneficiaria de diez (10) operaciones de crédito ordinario a través de Finagro por $23.217,8 millones. El siguiente cuadro resume los predios, el monto del crédito y el estado de este.
Otro dato interesante y que muestra claramente el carácter reaccionario de las clases dominantes y del Estado colombiano, es que en el departamento del Vichada hay más de 1000 solicitudes de restitución de tierras de los campesinos desplazados por la violencia, de las cuales la mayoría, 874 corresponden a los municipios de Cumaribo; 121 la Primavera; 46 a Puerto Carreño y 46 a Santa Rosalía, estos campesinos llevan ya casi diez años rogando para que el Estado les devuelvan sus tierras y esto no sucede. Pero en dos años, la imperialista Cargill logró crear 39 empresas y le adjudicaron 52.576 hectáreas.
A manera de conclusión, en menos de 8 años se les entregaron a 15 empresas 200 predios de más de 200 mil hectárea e incentivos por más de 8.003.826.011 de pesos en sólo la altillanura colombiana. (Ver cuadro elaborado por RO)
Llamemos las cosas por su nombre, la acumulación irregular como llama la Contraloría General de la Nación a la concentración y monopolio de la tierra en la Altillanura, es realmente una afirmación a medias tintas. La adjudicación de tierras fue para los grandes monopolios imperialistas y capitalistas colombianos y no para los campesinos; la acumulación y concentración de tierras ha estado presente desde el surgimiento del capitalismo o sociedad moderna como también la llamó Marx, y lo ha hecho chorreando sangre, mediante el despojo, a través de masacres y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, ocasionando la proletarización del campesinado y la destrucción de la naturaleza. Tales son las consecuencias del desarrollo del capitalismo en el campo, que en las condiciones de un país oprimido como Colombia son aún más dramáticas y terribles. Ese es el capitalismo que niegan algunos revolucionarios y que demócratas pequeñoburgueses, como Petro, quieren seguir impulsando.
(Continuará)
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