Hay que parar los asesinatos de dirigentes sociales

Hay que parar los asesinatos de dirigentes sociales 1

Juan Carlos Nieto Calvario, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Miguel de Guarupay en Cabuyaro, Meta.

Herman Naranjo Quintero, dirigente social afiliado a la Junta de Acción Comunal de Corocito en Tame Arauca.

Julio César Bravo, presidente del Concejo de Córdoba y líder del Resguardo Indígena de Males.

José Euclides Gonzales Marín, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de Zonas de Reserva Campesina de Caloto, Cauca.

Deisy Sotelo Anacona, dirigente comunitaria de la vereda Llano Alto del municipio de Argelia, Cauca.

Álvaro Peña Barragán, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento ubicado en la vereda La Unión del municipio de Saravena, Arauca.

Pedro Nel Sánchez Gallego, activista de distintos procesos de la Junta de Acción comunal de la vereda Las Perlas del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.

José Albeiro Camayo Guetio, ex coordinador regional de la Guardia Indígena del Cauca.

Libardo Castillo Ortiz, dirigente del consejo comunitario Alejandro Rincón en la Vereda San Miguel de Nambí del municipio de Barbacoas, Nariño.

José Avelino Pérez Ortiz, dirigente de la fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en la seccional del municipio de Tame, Arauca.

Wilson Costez Molano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.

Mario Jonathan Palomino Salcedo, profesor de agricultura del colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.

Nilson Antonio Velásquez Gil, dirigente comunitario y agricultor de profesión de la región Medio San Juan, Chocó.

Luz Marina Arteaga Henao, dirigente campesina, médica, reclamante de tierras en los procesos de Matarratón y El Porvenir en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

Miguel Carrillo, agricultor y artesano, hacía parte de procesos de enseñanza de la casa de la cultura del municipio de Arauquita, Arauca.

Breiner David Cucuñame López, niño de 14 años, miembro de la guardia indígena estudiantil, cuidador de la madre tierra, niño protector de la vida y Nasa de acciones colectivas y sueños grandes, del municipio de Buenos Aires, Cauca.

Guillermo Chicana, miembro de la guardia indígena Nasa del resguardo Las Delicias en el municipio de Buenos Aires, Cauca.

¡Diecisiete dirigentes asesinados y trece masacres en lo que va del 2022!

En medio de las negociaciones de paz en La Habana -mayo de 2013-, la UOC (mlm) publicó el folleto Sin Revolución, no habrá paz para el pueblo. Allí se decía lo siguiente: «Así firmen un acuerdo, la paz no se logra en Colombia porque además, hay una gran contradicción interburguesa que conduce a la guerra permanentemente y es la renta diferencial de la tierra. Mientras no arreglen el problema de cómo repartirse dicha diferencia de utilidades, entre todos los sectores de la burguesía, pueden firmar la paz primero con las AUC, después con las FARC, después con el ELN, con los rastrojos, etc., pero no habrá paz duradera».

Han pasado nueve años de lo expresado allí, y la paz que todos prometieron, desde el gobierno de Santos, las cúpulas de las Farc, los demócratas burgueses y pequeñoburgueses, los jefes de las centrales sindicales y partidos de la izquierda, simplemente eran frases vacías para engañar al pueblo convenciéndolo de no enfrentar con la lucha revolucionaria una guerra que a todas luces no se iba a acabar. Los cánticos de paz que durante todos estos años pregonaron, solo eran la distracción para continuar la guerra contra el pueblo. La paz de los ricos era y es guerra contra el pueblo.

Guerra que cada día se recrudece, pues su causa más profunda, la disputa por la renta extraordinaria que deja la explotación minera, de los cultivos de coca, marihuana, palma, y otros cultivos agroindustriales, continúa entre las clases dominantes, quienes sostienen sus ejércitos legales e ilegales, para garantizar el poder territorial, asesinando y desplazando a todos aquellos que sean un estorbo en el desarrollo de esas economías.

Resolver esta contradicción, sólo es posible con la revolución socialista, ningún capitalista mientras ostente el poder económico, perderá la oportunidad de obtener esta renta extraordinaria, por lo que la solución a esta cruenta guerra reaccionaria es la nacionalización de la tierra; es decir, que esta pase a manos del Estado de Obreros y Campesinos, quien entregará la tierra en usufructo a los campesinos y establecerá la producción industrial para satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo, garantizando la protección de los recursos medioambientales y sobre todo, la protección de los trabajadores del campo, en especial de sus dirigentes, quienes serán fundamentales para garantizar que el campo ya no sea más la cenicienta de la sociedad.

Para llegar allí, es necesario no seguir creyendo en el cuento pacifista de quienes desde sus cómodas sillas y comedores le dicen al pueblo que será en las urnas con un presidente alternativo, o confiando en la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc., como supuestamente se frenará la violencia reaccionaria. Todo este tiempo para lo único que han servido estos llamados e instituciones, ha sido para que siga el conteo de muertos. ¡No! La guerra contra el pueblo debe ser enfrentada con la organización y la guerra revolucionaria de las masas.

Las guardias indígenas, cimarronas y las milicias populares se deben fortalecer, hay que avanzar en la lucha conjunta entre los trabajadores del campo y la ciudad, para, junto con el paro de la producción y otras formas de lucha, tumbar al régimen de la mafia, creando las condiciones para avanzar a esa revolución socialista que garantice, esa sí, una paz duradera.

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