Rechazar el Reaccionario Código de Policía y Convivencia

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En medio del alborozo de la firma de la paz en La Habana, de la copa América y la Eurocopa de Naciones, fue aprobado por el Senado y la Cámara el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana; un nuevo ataque contra los oprimidos y explotados.

El acuerdo de La Habana acepta y defiende el monopolio de las armas por parte del Estado, fortaleciendo la dictadura burguesa que no se hizo esperar despachando a la carrera un nuevo código de policía con un sartal de sanciones que aumentan la opresión sobre las masas. Se puede decir sin exageraciones que la actualización del represivo código policial es una consecuencia inmediata de la paz de los ricos o de la continuación de la guerra contra el pueblo. No es extraño, por tanto, que sea ahora en el «gobierno de la paz» donde se aprueben las medidas contenidas en el cavernario código antiterrorista que le fue imposible imponer al régimen mafioso y paramilitar de Uribe. He ahí una evidencia más del por qué santistas y uribistas son enemigos del pueblo.

Es falso que el código sea para proteger a los desamparados como anuncian los gobernantes y sus loros de los medios de comunicación. Por el contrario, éste se diseñó para enfrentar las amenazas de un posible levantamiento popular, que es empujado por la carga de la crisis sobre los pobres y la monopolización de la vida política y económica del país por un puñado de oligarcas. Los opulentos saben que diariamente se producen chispas de rebeldía como respuesta a la crisis que ha sido descargada sobre el pueblo trabajador y necesitan aplastar la resistencia de los oprimidos e intensificar la represión para defender sus asquerosos intereses.

Decía el filósofo burgués Michel Foucault que «…cuanto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial». Esta es la lógica del nuevo Código aprobado por las clases dominantes, lógica que se afianza aún más en esta época de agonía de su sistema de explotación asalariada.

Además, la burguesía pretende enfrentar al poderoso pueblo colombiano con un sartal de medidas represivas y quiere que éste se haga parte de su ejecución, denunciando a sus vecinos, «cooperando» con la putrefacta institución dirigida por proxenetas, aliada en todos los niveles con la delincuencia y enemiga acérrima de las masas luchadoras. El llamado que hace el código a incentivar la cultura de los «sapos» y a que la comunidad «trabaje» con las «fuerzas del orden», pretende disuadir la avalancha de denuncias contra los corruptos y reaccionarios agentes policiales que en campos y ciudades son soltados como perros rabiosos contra los obreros y campesinos.

La cultura ciudadana burguesa a la que apelan los ideólogos reaccionarios que justifican el Código, pretende tapar que la sociedad colombiana está dividida en clases, que el gran capital ha expropiado a millones, los ha agolpado en insalubres e insostenibles mega urbes, arrinconándolos con la superexplotación y la miseria general; que es la explotación del trabajo asalariado y la opresión del capital y el imperialismo, lo que aplasta a la sociedad, condena a los trabajadores a los peores suplicios y degenera a sectores de todas las clases, carga su ataque contra los obreros y campesinos, así como se lleva por delante a la naturaleza misma, devastada en páramos, montañas, selvas y llanuras.

Los deberes ciudadanos que reivindica el reaccionario código policial, son una farsa con que se pretende ocultar que la policía está para defender el exclusivo interés de los expropiadores capitalistas. Los derechos colectivos burgueses excluyen a los desposeídos y aun así quieren comprometer a los trabajadores para mantener este degradado Estado.

De otro lado, las bancadas «progresistas» de Senado y Cámara demuestran una vez más que son una figura decorativa para maquillar la dictadura burguesa: con 86 votos a favor y 3 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes, aprobó el nuevo Código de Policía sin muchos reparos. Las bonificaciones del gobierno a los miserables «padres de la patria», entre los que se encuentran destacados «adalides de la lucha» como Cepeda y Robledo, entre otros, así como el reciente Plan de Desarrollo peñalosista aprobado en contubernio por agentes del Polo como el senador Venus Albeiro Silva, demuestran que reformistas y derechistas están por la ganancia individual, no por el pueblo.

El Código Pisotea la Libertad y Criminaliza la Protesta

Está hecho para proteger el interés de los monopolios y por consiguiente coarta las libertades, paradójicamente, de las mismas que se ufanaban los capitalistas para mostrar su supuesta superioridad frente al socialismo. Una muestra del carácter mentiroso y reaccionario de la burguesía, donde a uno de sus pilares corruptos y asesinos, como la policía, pretende darle el control absoluto de la sociedad, justificando la represión directa y abierta; represión que es la misma de los más retrógrados regímenes opresores que abiertamente implantaron la dictadura como Pinochet en Chile o Videla en Argentina, o en Colombia bajo el Estado de Sitio o el Estatutos de Seguridad en el mandato del liberal Julio Cesar Turbay. Todos, con el pretexto de proteger a los países del peligro de los grupos guerrilleros, asesinaron, torturaron y desaparecieron a miles de personas. Hoy en el llamado postconflicto, el nuevo Código de Policía hará lo mismo pero sin el peligro de la guerrilla de las Farc, desnudando que tal reacción de las clases dominantes es contra el pueblo, como respuesta a un inminente levantamiento.

La «defensa del espacio público» contenida en el Código, es una medida reaccionaria contra los desempleados que buscan su sustento en las calles, que no puede velar la crisis social y, por el contrario, deja en claro el servicio que brinda a los grandes comerciantes y propietarios de inmuebles en las grandes ciudades del país. El Código condena al hambre a las masas cuya única salida es someterse a vender su fuerza de trabajo a los monopolios capitalistas que no la quieren ni regalada, mostrando el absurdo de un sistema que no es capaz de ocupar y sostener a los esclavos que producen la riqueza.

Los corruptos y sanguinarios escuadrones policiales investidos de súper poderes, con la mentira de salvar a los desvalidos, no disimularán las bandas criminales que hay dentro de la institución y lo proxenetas de sus generales, emparentados con los más ruines negocios como el narcotráfico, el «enriquecimiento ilícito», el tráfico de armas, la prostitución infantil, las masacres y desapariciones de jóvenes del pueblo, entre otras.

La llamada protección ante el robo de celulares, no impedirá el lucrativo negocio de un sector de la burguesía que compra los aparatos robados para venderlos en otros países, pero sí multará al trabajador que compre o use un celular reportado por robo, pérdida o que tenga el número de identificación físico reprogramado, remarcado o borrado.

Las nuevas multas que se cobrarán a las personas que ingresen, o intenten ingresar a un niño o menor de edad a un sitio para adultos, son también una hipócrita medida que no puede ocultar los establecimientos «autorizados por la propia policía» para que los dueños del licor, las drogas, la prostitución… sigan en el negocio, esclavizando la juventud sin compasión a estos flagelos, incentivados por las clases dominantes para desviar la atención de las nuevas generaciones de los trascendentales problemas que deben resolver. La responsabilidad que tiene el Estado capitalista en el tráfico y desaparición de niños, en la prostitución y degeneración de la juventud es un crimen que solo puede tener justicia con la revolución proletaria.

Las multas por arrojar la basura en sitios indebidos, es una hipócrita medida para disimular el grave problema de los grandes botaderos en las capitales, los altos precios de monopolio del servicio de recolección y las reaccionarias medidas para impedir el acceso a los materiales reutilizables por los trabajadores del reciclaje.

El castigo a los conductores que no respeten señales de tránsito, será una medida efectiva pero para los de ruana, porque los grandes ricos del país y sus hijos seguirán haciendo de las suyas para detener el tráfico y pasar sus caravanas de escoltas por encima del que sea y a la hora que sea.

Las sanciones económicas para los que accedan a un sistema de transporte masivo sin pagar y afecten su infraestructura física, no pretenden ahorrar costos para bajar los pasajes e incrementar el número de vehículos al servicio de los trabajadores, sino para que den más rentabilidad los contratos absurdos con los monopolios, como los del Distrito de Bogotá, donde de cada 100 pesos que entran al sistema, solo 5 los recibe el erario para sostener en un 100% el mantenimiento de vías y estaciones. Esta corrupción no la ataca y sanciona el nuevo Código de Policía, pero sí le declara la guerra a los jóvenes e inconformes usuarios del pueblo que no pagan por el mal servicio.

El Código llega al colmo de la reacción al pretender sancionar a las mamás que den pecho a sus niños en público «por exhibir el cuerpo», o castigar a una pareja homosexual por considerar «conducta indebida» darse un beso delante de la gente. Hipocresía cavernaria burguesa que mientras castiga a unos, promueve por todos sus medios las grandes industrias de la pornografía y la mercantilización de la mujer…

La declaración de guerra contra los invasores de terrenos, entre lo que se encuentran los desplazados y los pequeños mineros sin licencia, es en defensa de los grandes constructores como Sarmiento Angulo, no contra las mafias que extorsionan a los pobres, ni a favor de la naturaleza, sino de los leoninos contratos que ha hecho el gobierno con monopolios nacionales y extranjeros que contaminan el aire, devastan la tierra y envenenan los ríos.

La desactivación de los equipos de sonido o parlantes que generan altos niveles de ruido y que interrumpen la tranquilidad de un vecindario son pretextos para dar la potestad de disolver las manifestaciones y detener a los luchadores del pueblo.

La democracia capitalista concede el derecho a protestar pero sin afectar el interés de los grandes grupos capitalistas y sus negocios. Y no podía ser de otra forma: si estos controlan toda la vida política y económica, entonces es ilegítimo protestar en Colombia. Por eso de ahora en adelante toda manifestación debe ser autorizada por la policía o tratada como disturbio y quien se resista al arresto tendrá cárcel o como mínimo una multa.

Y de remate el Código autoriza a los mercenarios de la policía allanar domicilios sin una orden judicial; es decir, un sospechoso, y todo el pueblo es sospechoso de algún delito, no tiene protección alguna y su casa podrá ser registrada por los delincuentes de uniforme a cualquier hora, podrá ser privado libertad, torturado e incluso desaparecido por la policía sin autorización alguna.

El nuevo Código de Policía, amparado en el combate al robo de celulares, arrojar basuras, «proteger» a los menores de edad… es un instrumento para endurecer la dictadura de los capitalistas; es una negación abierta de la libertad de expresión y manifestación consagradas en la constitución burguesa; es una criminal persecución a la protesta popular y a sus dirigentes en estos tiempos de «paz y ampliación de las garantías…» entre las tantas cosas bellas anunciadas en el acuerdo de La Habana.

La Perspectiva

Porque es una ley social que la opresión genera resistencia, el desbordamiento de la represión obligará al pueblo a responder con formas más revolucionarias de lucha. Deberá responderse con más manifestaciones y medidas de protección entre las masas. Prohibir manifestaciones espontáneas y ofrecer cárcel a sus participantes, obligará a elevar la conciencia en que cada movilización deberá ser combativa y tendrá que pelar el derecho a la libertad, por la misma radicalidad y contundencia de sus acciones.

Es justo rebelarse contra los reaccionarios y las masas no deben someterse a un código cavernario, administrado por una cúpula policial corrupta y proxeneta, emitido por un Estado podrido, donde sus funcionarios desfalcan el erario y son fichas de los enemigos capitalistas y de los más grandes delincuentes. El pueblo colombiano debe conquistar sus libertades y derechos por medio de la lucha y de manera independiente.

Mientras continúe este sistema en pie, medidas como las consignadas en el nuevo Código representarán la libertad y los derechos que ofrece en verdad el capitalismo a las masas: derecho a someterse al régimen opresor, a la expropiación que hacen los monopolios económicos y a los crímenes de los victimarios del pueblo. El derecho a soportar todos los antojos hediondos de la burguesía para establecer la convivencia social, imposible bajo un sistema anárquico, sanguinario, opresor y moribundo.

Por lo anterior es que el pueblo colombiano no debe soportar más. La solución a los vejámenes y crímenes producto de la explotación capitalista no es la paz con los explotadores, ni la reforma de su asqueroso sistema, ni barnizar su putrefacto, parásito y genocida Estado. La solución está en la lucha independiente y revolucionaria de los trabajadores en el campo y la ciudad; en la unidad de su lucha en huelgas políticas de masas, con la mira puesta en la revolución social y política, que necesita la dirección del proletariado a través de su partido político revolucionario, actualmente en construcción.

Los revolucionarios por su parte, deben fundirse con las masas y preparar el Congreso de un auténtico Partido Comunista Revolucionario en Colombia, que podrá encausar las grandes y pequeñas manifestaciones y luchas en un solo enfrentamiento del pueblo contra sus centenarios enemigos, hasta alcanzar el triunfo de la revolución socialista: solo la Dictadura del Proletariado puede dar libertad a los trabajadores, castigar y reprimir a los opresores, acabando con el Estado putrefacto de los ricos y estableciendo la democracia directa del pueblo armado.

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