LA REGULACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, ¡NO PASARÁ!

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LA REGULACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, ¡NO PASARÁ! 1

El gobierno de Juan Manuel Santos aprobó, poco antes de terminar su mandato, un protocolo por medio del cual se regula la protesta social, tanto de los que participan como de los que no «participan en la protesta pacífica». En tal sentido el Ministerio del Interior, aprobó la Resolución 1190 de 2018, la cual aprueba recopilar en dicho protocolo las normas y jurisprudencia que al respecto se han adoptado desde la ley burguesa.

Dicho protocolo hace parte de la política estatal para regular la protesta, forma en que las masas obreras, campesinas y populares le reclaman al Estado burgués por medio de la fuerza sus derechos. Esto no es gratuito. Las contradicciones entre las principales clases sociales se agudizan cada vez más. De un lado la burguesía y los terratenientes ahogan cada vez más al proletariado con rebaja de salarios, contratos laborales miserables, terrorismo de Estado manifiesto en el asesinato de líderes sociales, proyectos de reformas pensional y tributaria; de otro lado, los obreros y campesinos se levantan en lucha directa contra los poseedores del capital y contra las fuerzas estatales cuya función es reprimir por medio de la violencia todo asomo de protesta, por lo cual, Colombia es un escenario de permanentes huelgas, marchas, mítines y asonadas por diferentes motivos, cuya debilidad radica en que aún son atomizadas, sin una dirección centralizada y revolucionaria contra el Estado, por lo cual se encuentran divididas y no logran golpear con firmeza todo el poder de los explotadores.

Ante este panorama la burguesía que se lucra de la superexplotación del trabajo ajeno, usa toda la fuerza del Estado para impedir que el pueblo proteste de forma combativa, es decir, que sus luchas logren afectar la ganancia de los capitalistas, lo cual se alcanza cuando los conflictos se convierten en problemas de orden público, cuando se bloquean las vías por dónde se transportan las mercancías que el obrero produce pero que no puede disfrutar, cuando se paralizan las máquinas de las zonas industriales golpeando el corazón del sistema capitalista, cuando por encima de la ley burguesa y contra las fuerzas asesinas del orden de los ricos se impone la protesta combativa que es la única que logra conquistar para el pueblo libertades y derechos, y eso lo saben perfectamente los dueños del capital y su podrido Estado.

Santos, el expresidente de los mal llamados «falsos positivos», en su gobierno habló mucho de paz, pero en los hechos, ejerció la violencia contra el pueblo por medio de las Fuerzas Armadas y de bandas sicariales. Duque, representante de la burguesía mafiosa hoy en el poder, logra un acuerdo con Santos en cuanto a garantizar la defensa de la propiedad privada de los ricos y de las instituciones del Estado burgués. Eso se ve claramente en que por un lado Santos intenta imponer el Protocolo que regula la «protesta pacífica» y por el otro, el nuevo ministro de guerra de Duque habla de la necesidad de «regular» la protesta social. Es decir, que aunque ambos sectores de la burguesía tienen rencillas y contradicciones, tienen unidad a la hora de proteger el Estado de los ricos y de reprimir y controlar todo asomo de protesta que lo ponga en peligro, ejecutando con saña la dictadura de los ricos en contra del pueblo.

El protocolo aprobado por el gobierno Santos, es mentiroso desde el nombre mismo, pues el Estado no puede ser imparcial a la hora de regular la protesta popular. Es imposible garantizar los derechos del pueblo que lucha en las calles, a la vez que se protegen los derechos de «quienes no participan en la protesta pacífica», es decir, de los industriales, banqueros, terratenientes y comerciantes que son finalmente los afectados por las protestas de aquellos que se levantan en rebeldía contra el poder de los explotadores. El Estado de los monopolios es la violencia organizada contra el pueblo y los hechos demuestran de qué lado se ponen las Fuerzas Armadas a la hora de apuntar sus armas y lanza-gases cuando estalla una manifestación callejera, pues los muertos y heridos en su gran mayoría los ponen los de abajo. ¡Hasta ahora!

El protocolo que limita la protesta del pueblo es claro al decir que le brinda elementos a la Policía Nacional para mantener el «orden público (…) los derechos de todos los ciudadanos [¡principalmente de los dueños del capital!] (…) de quienes no participan en la protesta [es decir, de los ricos]». Todo esto lo barnizan con palabrejas como «democracia, paz, convivencia pacífica, respeto, buena fe, equidad, justicia» que al final solo buscan anestesiar el espíritu de lucha de las masas populares y de garantizar la paz de los ricos.

Es engañoso porque cualquier manifestación podrá ser declarada como «un peligro para la seguridad nacional o el orden público» para justificar la intervención del Estado «para garantizar el respeto del derecho ajeno», que en esta sociedad es el respeto al derecho que tiene la burguesía a superexplotar y a oprimir a los que todo lo producen.

Es un protocolo para garantizar los derechos de los poseedores de los medios de producción, pues expresamente protege «los derechos de terceros como el trabajo (…) y la propiedad privada», es decir, el derecho que tiene la burguesía a contratar rompehuelgas para acabar con los conflictos obreros y en caso de que les sea necesario, actuará la Policía Nacional que tendrá todo el derecho de usar la fuerza en contra de los manifestantes.

El protocolo está lleno de formalidades y de letra muerta supuestamente en beneficio de los manifestantes. Cosas como la verificación por parte de una tal Mesa de Seguimiento de «la dotación a ser utilizada por las unidades de Policía que intervengan durante el desarrollo de la protesta pacífica», se quedan en palabrería sin sentido a la hora que el ESMAD use la munición recalzada con balines y canicas con la que han mutilado a indígenas, campesinos y estudiantes en repetidas ocasiones.

La Mesa está conformada por los comandantes de policía, de brigada, el gobernador, alcalde, el encargado de la seguridad ciudadana, representantes de los gremios afectados, «terceros afectados por la protesta» y apenas tres delegados de los organizadores que convocan la protesta pacífica, evidenciando que la tal Mesa es fuertemente desbalanceada hacia el lado del Estado de los ricos y de los monopolios económicos afectados.

Otra formalidad son las «Comisiones de verificación de la sociedad civil», encargadas entre otras cosas, de «observar» que el derecho a la misión periodística de todo ciudadano sea respetado, cosa que se queda solo en buenas intenciones, pues a la hora de que alguien del pueblo registre con su celular los abusos de la policía, es perseguido con odio hasta capturarlo ilegalmente para destruir las pruebas que tenga en su poder.

Formalidades y más formalidades que en la práctica no se cumplen: que la policía «use la fuerza de forma racional», cuando han asesinado menores de edad a punta de bolillazos; que en caso de disturbios (generalmente provocados por las fuerzas del orden burgués) la autoridad debe actuar para proteger a los demás manifestantes, cuando en realidad actúan como bestias atacando al conjunto de las protestas sin importar lo que estén haciendo con el objetivo de crear pánico y disolverlas.

Este es un nuevo ataque contra el pueblo por parte del Estado de los explotadores. Es el terrorismo de Estado hecho «protocolo». Es un nuevo desafío que le imponen los capitalistas y su Estado a los obreros y campesinos del país. Tanto este tratado para limitar la protesta social, como los planes del gobierno de Duque para continuar con esta política de Estado, deben ser confrontados por medio de la unidad, lucha y organización del pueblo inconforme. Para destruir los planes de limitación de la protesta que tienen los ricos del país, es necesario organizar un Paro Nacional que por medio de la fuerza conquiste las reivindicaciones económicas y sociales que necesita el pueblo trabajador.

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