Una fuerte disputa armada se libra desde el 2017 en la región que se conoce con el nombre de Bajo Cauca Antioqueño –región comprendida entre el sur de Córdoba y el norte de Antioquia– cuyos protagonistas principales son dos grupos paramilitares enemigos, a la cual se le suma la presencia del ELN en la región.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC (también denominadas Clan del Golfo) y los Caparros, grupos paramilitares rivales hace poco aliados, hoy se enfrentan en una guerra cuyo detonante y móvil es la lucha por la ganancia que deja la renta extraordinaria de la tierra que arroja el negocio de la siembra y el procesamiento de la coca –según algunos cálculos en la región se cultivan 21 mil hectáreas de coca–, al cual se suma el negocio de la explotación minera –como un ejemplo del caso, el Ejército desmanteló una mina ilegal de oro en el Bagre de los Caparros en la cual se calcula se extraían 20 kilos mensuales del metal precioso–; de remate se presenta el sometimiento mediante el terror mafioso y para-estatal a poblaciones enteras y su subyugación a través de vacunas y asesinatos indiscriminados, un móvil que se mantiene en otras regiones del país, que sin importar el nombre de sus protagonistas, tiene un carácter altamente reaccionario.
Esa guerra es la misma que se ha vivido en Colombia desde los años 80ta y que hoy cobra un nuevo recrudecimiento por la salida de las FARC del escenario. Hasta el momento, el gobierno mafioso uribista de Duque ha participado activamente en la misma, maniobrando y cubriéndole la espalda al Clan del Golfo, dándole vía libre para que asesine líderes sociales, desplace y cometa un sinfín de crímenes contra las masas, mientras que su Ejército, por lo menos en la región, solo entabla combates con los Caparros, porque existe una alianza militar para derrotarlos.
No es casual que al día siguiente de la visita de Duque a la región y de parlotear sobre planes de sustitución y protección de los pobladores y dirigentes sociales, el 21 de enero fueran asesinadas 4 personas y desplazadas por amenazadas de muerte 70 más en cercanías de Tarazá, hecho ocurrido varios días después de la masacre en el corregimiento Guaimaro, donde el Clan del Golfo ejecutó a otras 5 personas. Los municipios de Caucasia y Tarazá, epicentros de la fuerte disputa, son ahora pueblos fantasmas, muchos de sus pobladores se han desplazado por la violencia y según reporte de la Unidad de Víctimas para marzo de 2019 había 1485 familias desplazadas de la región. Todos los caseríos cercanos a Tarazá, según denuncian los pobladores, son puntos militarizados por los paramilitares. El comercio ha cerrado varias veces por días consecutivos, los pequeños comerciantes y los campesinos pagan exageradas vacunas a los grupos paramilitares a cambio de no ser ultimados. Los homicidios están por las nubes, en el 2017 se registraron 217 y para el 2018 ascendieron a 396. Frente a semejante situación, queda en evidencia el débil actuar del Ejército y la Policía, así como el acuerdo del Gobierno con el Clan del Golfo para garantizar que éste último cumpla con sus objetivos en la región.
Por su parte para contrarrestar al Clan del Golfo y al Estado, los Caparros se han aliado con sectores del ELN, disidencias de las FARC y reciben ayuda financiera del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (otros dicen que del cartel de Sinaloa). Por tal motivo, se presupuesta que hay guerra para rato. Una tragedia que muestra lo mentirosa que fue la paz de los ricos, firmada entre la cúpula de las FARC y las clases dominantes.
Lo de la guerra en el Bajo Cauca no es simplemente una disputa entre grupos “ilegales” por el control territorial, ni una “guerra reciclada” y “artificial” como alegan algunos periodistas e investigadores pagados por la reacción, en la lógica de mostrarla como una guerra lejana y muy difícil de comprender. La de hoy en el Bajo Cauca, es una guerra en la cual se han visto implicadas las clases sociales que hoy caracterizan al gobierno uribista de Duque como un régimen netamente mafioso, en donde el actuar de las Fuerzas Armadas se reduce a ser un simple apéndice del Clan del Golfo o AGC. Una guerra que divide a los sectores mafiosos de las clases dominantes que resuelven sus contradicciones a plomo, sin importar desangrar no solo muchas regiones rurales del país, sino de extender el desangre a ciudades como Medellín y Bello. Es así, a plomo, como la mafia y su Estado resuelven sus contradicciones y defienden sus intereses.
Lo que está ocurriendo no es una muestra de fortaleza de los sectores mafiosos de los terratenientes y de la burguesía, sino, por el contrario, de debilidad de las clases dominantes colombianas, ya que se encuentran profundamente divididas no solo entre las mafias y otros sectores, sino en el Estado mismo con los llamados partidos de oposición. También los imperialistas norteamericanos han dado un espaldarazo a las mafias en Colombia y su guerra al exonerarlo de nombrarlos como grupos terroristas y desviar la atención hacia Venezuela, con miras a proteger sus intereses, incluida una posible guerra de invasión al país hermano. Tal fue uno de los objetivos de la reciente visita de Mike Pompeo a Colombia.
La guerra reaccionaria de la coca en Colombia exige al elemento consciente la tarea de explicarla científicamente ante las masas para transformarla revolucionariamente; es decir, en lucha independiente y organizada de las masas y revertir la situación actual donde las masas son carne de cañón y víctimas de una guerra cuyos intereses son ajenos. A una guerra en donde las masas deben pasar a crear y defender sus propias organizaciones, organizarse para defender a sus líderes y movilizarse para denunciar la barbarie, realizando paros agrarios como el del 2013 o las recientes mingas indígenas, única forma viable para detener el terrorismo mafioso y estatal.
“Para acabar con los fusiles hay que empuñar los fusiles”, tal es la lógica para acabar con la guerra reaccionaria de la coca en Colombia, y la Guerra Popular es el único medio para ganar la paz para el pueblo. Una guerra que interesa a las amplias masas populares porque es el camino de la liberación, de destruir a este Estado corrupto y mafioso, una guerra cuya dirección correcta solo puede proveerla un auténtico partido obrero de corte bolchevique aún en construcción, para instaurar el socialismo en Colombia.
