El asesinato de Dirigentes Populares es una Política de Estado (3)

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El asesinato de Dirigentes Populares es una Política de Estado (3) 1

Publicamos la tercera y última parte de esta entrega, en la que se hace un resumen de los planes del Estado en materia de seguridad, cuya careta legal ha sido la mampara, para justificar el asesinato, desplazamiento y desapariciones de las masas, únicamente para impulsar el desarrollo capitalista en el campo, favoreciendo a las empresas imperialistas y nacionales, a costa del pueblo que ha llevado todas las de perder.

La guerra contra el pueblo tiene que parar, y depende de nuestra organización y lucha, frenarla; ¡solo el pueblo salva el pueblo!

Los Planes de Seguridad del Estado y el Asesinato de Dirigentes

Describamos algunos de esos planes militares que se han implementado para “garantizar la Seguridad Nacional”:

Para finales de los años 90 y con el apoyo de los Estados Unidos se concretó el Plan Colombia, con más de 10.000 millones de dólares de cooperación de Estados Unidos y al menos 14.000 millones de dólares del Presupuesto Nacional; después el Plan Patriota y el Plan Consolidación los cuales, ocasionaron la militarización de un porcentaje alto en las zonas más golpeadas por la violencia y que conllevó a masivas violaciones de derechos humanos.

La actual línea dada por el presidente Iván Duque, es de “guerra contra las drogas”, lo cual involucra directamente a los campesinos y trabajadores agrícolas de varias zonas del país con cultivos de psicotrópicos. Ante esta orientación del gobierno, ha dejado en la mira a los líderes sociales (dirigentes comunales) que no están de acuerdo con estos cultivos en sus tierras, pero que lo han hecho por pura y franca necesidad; defienden el territorio y exigen la atención a las necesidades básicas, el cumplimiento con el programa de sustitución de cultivos ilícitos, la devolución verdadera y material de las tierras y la implementación de los acuerdos de paz; lo mismo sucede con los reincorporados de las FARC-EP que dejaron las armas, y se han encontrado con crecientes ataques y amenaza de exterminio a manos de los nuevos paramilitares y supuestos grupos desconocidos, pero que, como ha sido evidenciado en el caso de Dimar Torres, por solo poner un ejemplo, son las mismas fuerzas militares las ejecutoras de la matanza.

Veamos el siguiente gráfico cuya fuente es el Observatorio de Tierras. Corresponde al periodo comprendido entre 2005 y 2015; las organizaciones más afectadas según los datos recolectados por el OT, son las Juntas de Acción Comunal (JAC), con 109 asesinatos, seguidas por las asociaciones indígenas con 93 casos, las organizaciones campesinas no relacionadas con la restitución, con 83 sucesos y las organizaciones de restitución de tierras con 69 casos registrados.

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El Plan Horus. Fue implementado a finales del gobierno de Santos y según el Ministro de Defensa de la época, lo que perseguía este plan era tener un completo control de las regiones que fueron más afectadas por el conflicto armado en más de 50 años de insurgencia y donde tenía el dominio de las Farc, según el anterior Ministro de Defensa: “Esto también servirá para prevenir delitos o bien, tener una reacción más inmediata por parte de nosotros. “Horus” era un dios que todo lo veía, ahora vamos a tener una Fuerza Pública que lo verá todo, pero también la comunidad podrá verlos (…). Con este nuevo plan de seguridad, la Fuerza Pública tendrá “microjurisdicciones”, que funcionarán como cuadrantes en esas comunidades para poder recopilar todo tipo de información en pro de la seguridad y convivencia”.

Según la Revista del Ejército este plan pretendía desarrollar la estrategia en 13 departamentos del país, en 93 municipios, con 565 veredas, un golfo y 14 ríos. De igual manera este medio publica que el plan Horus pretendía generar estabilidad en las zonas priorizadas por narcotráfico, extorsión y secuestro, explotación ilícita de yacimientos mineros, contrabando, tráfico de armas, municiones y explosivos, tráfico ilegal de migrantes, despojo y abandono de tierras, necesidades de infraestructura vial básica e indicadores sociales críticos que llevan a la inseguridad de la población civil de determinadas áreas. Es decir, tener un control absoluto sobre las fuentes que generan más ganancia, el cultivo de drogas, la minería y el poder sobre las mejores tierras despojadas a los campesinos, el combo completo con el control absoluto de Estado.

Ahora, cabe aclarar que la aplicación del Plan Horus en 595 veredas y 67 municipios y de otro lado del Plan Victoria en 160 municipios todos estos territorios históricamente afectados por la violencia (conflicto armado, paramilitares, guerrilla, grupos ilegales, desplazamiento, minería, proyectos agroindustriales, etc.) no han arrojado los resultados supuestamente esperados; por el contrario, la presencia paramilitar y el cultivo de psicotrópicos se expandió, de igual manera se sigue presentando de forma reiterada el asesinato a líderes sociales; en consecuencia, la aplicación de esos planes y la militarización de más de 300 municipios lo que ha ocasionado es el aumento de asesinatos de los líderes comunales.

Estos planes militares y por demás represivos aplicados en varios municipios priorizados, como por ejemplo Tumaco, en el que del 1 de enero al 10 de agosto de 2018 se registraron 166 homicidios, un 25% más que en el mismo periodo de 2017, o como Caucasia, Ituango, Buenaventura, Tibú o Cúcuta también priorizados en sus planes represivos, lo que dejó fue el aumento del paramilitarismo, de los cultivos ilícitos, de las economías ilegales y del asesinato de los líderes sociales. Y no menos peor, en municipios como el Bagre en el bajo Cauca Antioqueño donde barrios completos son controlados totalmente por paramilitares, en Tarazá pasa lo mismo, los Caparrapos patrullan las 24 horas en camionetas con armas largas; allí la comunidad permanece en toque de queda, instaurado por los mismos grupos armados, todos ellos con el firme propósito del control de la región, en contraposición a esto, los militares vinculados al Plan Horus se negaron a proteger la población de estos municipios priorizados; pero, ¿priorizados para qué? se pregunta uno, porque lo único claro es que se han dedicado a proteger la infraestructura de las grandes empresas mineras.

Lo que sí ha funcionado al 100% de este plan es el monitoreo a dirigentes que han tomado como una estrategia y acciones de inteligencia para tener en su radar a todos los líderes sociales y defensores de derechos humanos en estas zonas; el Comando General de las Fuerzas Militares de la época, mediante Circular No. 20182490205831, dispuesto para todos los comandantes de Divisiones, Brigadas, Unidades Tácticas y Tropas del Ejército Nacional afirmaba: “a través de la sección de inteligencia georreferenciar a todos los Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos que se encuentren en su área de operaciones”*; esto con el supuesto de verificar el riesgo en que se encuentran y entregar la información para la “presunta” protección de ellos.

Plan Victoria: Cuyo propósito rezaba: “Contribuir en el control institucional del territorio y la construcción de una paz estable y duradera”, para lo cual las Fuerzas Militares: “conducen operaciones conjuntas, coordinadas, interinstitucionales y combinadas con el propósito de neutralizar las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Grupos Armados Organizados (GAO), Sistema de Amenaza Persistente (SAP) y los fenómenos de criminalidad que afecten a la población civil y la seguridad Nacional, además, contrarrestaría el narcotráfico, extorsión y secuestro, la explotación ilícita de yacimientos mineros, el contrabando, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el tráfico de migrantes y los delitos conexos, entre otros.

Plan Victoria Plus: Inició el 1 de enero de 2018, el Comando del Ejército lanza el Plan Estratégico Victoria Plus: “(…) como sombrilla de todos los planes y estrategias militares desarrollados para garantizar la tranquilidad de los colombianos, con el objetivo de, en resumen, potencializar los esfuerzos conjuntos, coordinados, interagenciales e interinstitucionales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, para neutralizar la amenaza persistente del ELN, el GAO residual, los GAO Pelusos, Puntilleros y Clan del Golfo”.

Del Plan Victoria Plus se han trazado y puesto en marcha los siguientes planes y campañas:

Operación Relámpago Rojo: Diseñada para combatir al ELN y contrarrestar las acciones ilegales que afectan la infraestructura económica del Estado. Se enfoca en las áreas priorizadas donde están sus estructuras armadas y logísticas, es decir, en el área del Catatumbo, Arauca, Sur de Bolívar, Chocó, Cauca y Nariño.

Operación Mayor Zeus: Diseñada para contrarrestar las acciones de Grupos Armados Organizados GAO-residual (las llamadas disidencias de las FARC) teniendo en cuenta que la expansión de éstas a lo largo del territorio nacional obligó a realizar una operación enfocada hacia este factor de inestabilidad, dedicado a efectuar acciones terroristas y manejar el negocio del narcotráfico. Es evidente su fracaso, como se observa en el hecho de que para mayo de 2017 el Comandante General de las Fuerzas Militares anunciaba, que con informes de inteligencia se había establecido que las disidencias de las FARC estaban conformadas por cerca de 350 integrantes; para julio de 2018, se calculaba que estas disidencias de las FARC habían crecido hasta contar con 1500 hombres, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz.

Operación Agamenón II: Es la continuación de la operación Agamenón I, liderada principalmente por la Policía Nacional y dirigida supuestamente a desmantelar el denominado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), según las Fuerzas Militares, el combate a estas estructuras las ha debilitado, al punto de que “sus cabecillas (…) viven en zozobra y temor por las operaciones militares y policiales, así como por el evidente debilitamiento de su componente armado y económico”, la verdad es que estas organizaciones “ilegales” tienen un control absoluto sobre grandes regiones y sobre amplios sectores de la economía legal e ilegal como narcotráfico, microtráfico, extorsión y minería legal e ilegal y cobros financieros (gota a gota) y lo peor es que han ampliado su presencia a 22 departamentos en un territorio que va desde Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el Valle de Aburrá , Chocó , Buenaventura, hasta la frontera con Ecuador. Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley para el sometimiento de las bandas criminales, el Clan del Golfo controla cerca del 77% de estas estructuras criminales. Ante el incremento de los cultivos ilícitos, y el involucramiento de las disidencias de las FARC, los grupos paramilitares y los carteles mexicanos en el aumento de actividades del narcotráfico en el departamento de Nariño y el Pacífico Sur, en octubre del 2017, el presidente de esa época ordenó actuar “con toda la contundencia” en contra de “todos los eslabones del narcotráfico” en esta región, concentrando más de 9.000 policías para, supuestamente, luchar contra este delito en Tumaco, Nariño.

Los planes militares del gobierno Duque

El Plan Diamante: Con el inicio del gobierno de Iván Duque se han puesto en marcha el “Plan Diamante” y el “Plan el que la hace la paga”, que buscan concretar el énfasis o prioridad, que la nueva administración ha puesto en la gestión, de lo que él mismo ha denominado “la seguridad con legalidad”, que parece ser una reedición de la cuestionada Política de Seguridad Democrática, implementada ahora mediante una serie de operaciones que las Fuerzas Armadas supuestamente llevan en contra del narcotráfico, el microtráfico, el terrorismo, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el hurto. En esta estrategia se han creado tres nuevas Fuerzas Unificadas de Despliegue Rápido – FUDRA, en regiones donde la situación de asesinatos de líderes es más dramática, y donde seguramente sus pobladores se verán afectados por la intensificación del conflicto armado y la presencia militar. Se crea una nueva FUDRA en el Catatumbo y Arauca en el nororiente del país, otra en Cauca y Nariño en el Suroccidente del país, y otra en el noroccidente en Urabá y Córdoba, que se suman a la cuarta Fudra que ya opera en el Caquetá. Lo más preocupante es que la entrada en operación del Fudra Nro. 3 en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela se da de manera simultánea con el incremento de la retórica del Gobierno que enfatiza en posibles salidas de fuerza y alienta de manera peligrosa escenarios de guerra con el vecino país.

Algunas Conclusiones

  • Es evidente que el asesinato a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos es sistemático y reiterativo y por supuesto ha venido en aumento.
  • Queda al descubierto que la preocupación del Estado y sus distintos gobiernos frente a este fenómeno es una preocupación falsa, hipócrita y sólo de papel; no han servido de nada las directivas, sentencias, ordenanzas, etc. que se han expedido desde el gobierno Samper, como la Directiva Presidencial 011/97 sobre defensores de derechos humanos y la Sentencia T-590/98 de la Corte constitucional que identificó un estado de cosas inconstitucional sobre un defensor de derechos humanos y la obligación de la debida protección por parte del Estado a los líderes y defensores de Derechos Humanos. Todas esas supuestas medidas no pasan de ser campañas y medidas demagógicas para aparentar un Estado preocupado y encubrir la realidad de que es una política estatal contra los dirigentes y contra la población.
  • Se logra identificar patrones claros y establecidos; por ejemplo, el asesinato a líderes de Juntas de Acción comunal en zonas específicas, caso de las zonas priorizadas en los planes militares del Ministerio de Defensa; con frecuencias, ejemplo 17 asesinatos en los primero 13 días del año 2020 que evidenciaron claramente que estas acciones son planificadas y controladas. *Las víctimas asesinadas han tenido un común denominador: eran líderes organizados, es decir pertenecían a algún tipo de organización bien sea campesina, indígena, juntas de acción comunal entre otras, y muchos de ellos asumían tareas de liderazgo local.
  • Las acciones que desempeñaban las víctimas asesinadas se centran en: defensa de los derechos a la tierra y el territorio, denuncias de despojo de tierras, de actos de corrupción de funcionarios estatales, denuncia de presencia de actores armados, denuncias por reclutamiento forzado y de microtráfico, oposición a megaproyectos económicos que afectan las comunidades locales, y entre los asesinados, varios antiguos miembros de la guerrilla de las Farc.
  • La mayoría de los asesinatos se llevaron a cabo en las casas o el lugar de trabajo de las víctimas, es decir, los criminales tenían la ubicación exacta de sus lugares habitualmente frecuentados. Recuerdan que en el plan Horus mencionamos una Circular que orientaba a los comandantes de Divisiones, Brigadas, Unidades Tácticas y Tropas del Ejército Nacional georreferenciar a todos los Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos que se encuentren en su área de operaciones. ¡¡¡¡Que coincidencia!!!!. Lo preocupante aquí es que los asesinatos han sido selectivos y no indiscriminados, lo cual demuestra que detrás de cada asesinato existe un proceso de identificación de la víctima por parte de los victimarios y confirma un proceso de planeación.
  • Se puede afirmar entonces con toda seguridad que el asesinato de dirigentes, activistas y defensores de derechos humanos es una política de Estado; es decir, que el de Colombia es un Estado criminal y terrorista al servicio de la minoría explotadora, y lo lógico sería entonces proponerse, no solamente denunciarlo, sino organizarse para destruirlo y construir uno nuevo que sirva a los intereses de la mayoría trabajadora.

Una amiga de Revolución Obrera

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