El Asesinato de Dirigentes Populares es una Política de Estado (2)

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El 21 de enero publicamos la primera parte de una serie de entregas de un trabajo aportado por una colaboradora del portal, sobre una investigación donde demuestra que los asesinatos de líderes sociales son una política de Estado y, por tanto, se debe seguir denunciando y llamando a enfrentar el terrorismo de Estado, intensificando la lucha y organización de las masas. Esta segunda parte hace referencia a las cifras de asesinatos, que son muy importantes para desmentir al gobierno mafioso empeñado en minimizar la matanza sistemática de dirigentes del pueblo, a pesar de la contundencia de los hechos.

Publicaremos próximamente en la tercera parte, un resumen de los planes del Estado en materia de seguridad, los cuales son en realidad la legalización de la matanza, junto con las conclusiones.

Las Cifras de la Matanza Sistemática

Con el fin de dar una muestra de los crímenes de Estado contra los dirigentes populares vamos a apoyarnos en los datos tomados de informes de entidades nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos; es decir, organizaciones auspiciadas por los mismos estados burgueses y, por tanto, hay que tomarlas con beneficio de inventario.

En cuanto a cómo el Estado encubre los asesinatos sobre todo en el aspecto de impunidad y el poco avance procesal de los casos de asesinatos de líderes en los últimos 8 años, el Programa Somos Defensores consultó a la Fiscalía con respecto al estado de las investigaciones por 563 casos de homicidios registrados entre 2009 y 2017.

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Fuente: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Programa Somos Defensores.

Esta tabla permite concluir que el avance efectivo en “justicia” solo corresponde a un pírrico 8,6%; o, dicho de otra manera, el 91,4% de los casos de asesinatos de defensores de derechos humanos y dirigentes populares entre 2009 y 2017 continúan en la impunidad.

Ni a este gobierno, ni a los gobiernos anteriores, les ha interesado investigar y castigar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. A lo largo de las más de cinco décadas de violencia que ha padecido el pueblo colombiano, la respuesta del Estado y los gobiernos de turno ha sido la misma; una respuesta militar contra los que ellos han denominado izquierdistas, comunistas o insurgentes, lo que ha causado un efecto directo en contra de los líderes sociales a los cuales han llegado a asesinar hasta en los más impenetrables rincones del país.

El común denominador de todos ellos ha sido estar en contra de los grandes monopolios y compañías explotadoras, en defensa de los intereses de los trabajadores o simplemente por exigir el cumplimiento de los acuerdos contraídos por el Estado, bien sea de su vereda, municipio, barrio, escuela, etc.

El Estado aplicando lo que han denominado Doctrina de Seguridad Nacional ha implementado diversos planes militares que en últimas son acciones de represión “legal”, persecución a líderes, desapariciones forzosas, y toda una campaña de promoción y tolerancia al exterminio de los líderes sociales, tanto así que hasta la comunidad internacional se ruboriza ante esta vergonzosa realidad, mientras que ministros como el de defensa en el gobierno de Juan Manuel Santos, Luis Carlos Villegas, declaró cínicamente que los asesinatos de líderes en las regiones: *“son frutos de un tema de linderos, de un tema de faldas, o de peleas por rentas ilícitas”. *

El enredo con las cifras

Varias Organizaciones Sociales y ONG’s se han dado a la tarea de llevar un registro juicioso de los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, porque ni siquiera el Estado tiene las cifras claras, y la verdad ninguna coincide, en lo que sí están de acuerdo todas es que después de la firma de los “Acuerdos de Paz” con la Farc los índices han aumentado considerablemente, y en especial en los lugares donde operaba esta guerrilla. La ONG Dejusticia ha entregado unas cifras que, al parecer, se acercan más a la realidad, veamos:

Para el año 2016 fueron asesinados aproximadamente 166 líderes sociales, en el año 2017 ellos documentaron 185 casos de asesinatos a líderes, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 fueron asesinados 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el 2019 cerró el año con 250 líderes asesinados, siendo Cauca, Antioquia y Nariño los departamentos que más sufrieron por estos crímenes. De estos dos últimos años es información tomada del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En 4 años 827 líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados.

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Como se puede observar la cifra de los asesinatos de dirigentes y luchadores populares es mayúscula, eso sin contar la de este año, y desmiente las declaraciones infames de los monigotes del Ministerio de Defensa, Fiscalía, presidencia, Centro de Memoria, etc.

También es claro que existe sistematicidad, y que las causas de los asesinatos son porque estos dirigentes populares han organizado a las comunidades para oponerse a los capitalistas, terratenientes e imperialistas, que quieren imponer sus negocios, mostrándolos como progreso social, pero realidad, arrasan las comunidades y destruyen la naturaleza. El objetivo es descabezar al movimiento, minando la capacidad de lucha e impidiendo que haya continuidad organizativa, para así extender sus nefastos proyectos.

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