Cualquier protocolo para la protesta social, es legalizar su criminalización

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Por estos días, la lucha de clases se muestra en uno de sus puntos más álgidos. A raíz de la profundización de la crisis mundial capitalista, los gobernantes aprietan cada vez más la tuerca del salario, la miseria y la opresión, y los de abajo se levantan para detener tales atropellos en una lucha legítima, pues al fin de cuentas son las masas trabajadoras las que sostienen la sociedad. Los ricos, representados en el Estado, buscan cada vez más tratar de impedir los levantamientos populares, esforzándose por estigmatizarlos y criminalizarlos, pues sienten pasos de animal grande que puede poner en jaque sus privilegios.

Así lo evidenció el pasado 9 y 10 de septiembre, cuando la juventud respondió, no de forma pasiva y pacífica frente al asesinato de Javier Ordóñez, sino por el contrario, ¡con la inconmensurable fuerza de su indignación!

La indignación general del pueblo, ocasionada por la masacre de 14 civiles a manos de la policía en los hechos del 9 de septiembre, obligó al Tribunal de Cundinamarca y a la Corte Suprema exigir a Alcaldes, Gobernadores y al propio Presidente, un protocolo para impedir el exceso de la fuerza pública. Es decir, un “remedio” para calmar la rebelión popular creciente.

El régimen por su parte, ni corto, ni perezoso, con la pretensión de burlarse una vez más del pueblo, aprovechó la exigencia para avanzar en su plan de tratar de aplastar la inconformidad. Con el cinismo y la bellaquería de la mafia en el poder, como lo ha venido haciendo en estos últimos años, el gobierno aceptó realizar el protocolo, legalizando la mordaza a la lucha de las masas y criminalizando la justa rebeldía del pueblo.

Hay sectores pidiendo que los protocolos sean “consensuados” con la comunidad, como si esto impidiera el cese de la represión del Estado, lo cual es iluso pues su carácter es ese y lo que realmente hacen los protocolos es amordazar el camino natural de la protesta, que no es cívica, ni siempre es pacífica y necesariamente afecta el desarrollo cotidiano de la economía y el transporte; de lo contrario no tiene ningún efecto sobre las clases dominantes y el Estado que no escuchan, ni entienden, porque no se les da la gana, salvo cuando se les toca donde más les duele. La burocracia estatal puede conceder todos los “consensos” que quieran; de hecho ya reveló el “cronograma para la construcción de los protocolos…”, donde “todos pueden participar”; y por supuesto, luego pintará la mordaza con los más coloridos brochazos democráticos. Pero en realidad será una nueva puñalada contra pueblo.

El “protocolo” contra la protesta social es una pretensión reaccionaria que no pasará. Y no por los debates inútiles en el parlamento, sino por la fuerza de los hechos, por la movilización creciente de las masas que ejercerán su derecho a manifestarse y a rebelarse sin permiso de nadie y como les dé la gana. Un dicho popular advierte que tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe; y que se ajusta a lógica del pueblo: tanto persiste el pueblo en el camino de la lucha, que un día, de la mano del proletariado en alianza con el campesinado, romperá el dique que le imponen sus enemigos y los derrotará.

Con cada bellaquería que hoy se proponen las clases dominantes, se multiplica la indignación popular y no está lejano el día en que de verdad, los de abajo se cansen de dejarse gobernar por los parásitos que viven de su sudor y se alimentan con su sangre, para lanzarse por la senda anchurosa, construyendo con sus propias manos el camino hacia su liberación, no dejando a su paso piedra sobre piedra de las viejas y podridas instituciones y relaciones que lo oprimen.

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