En algunos medios de comunicación, fue divulgado el caso de la Magistrada Cristina Lombana. Según la denuncia periodística, la Magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibe mensualmente más de 40 millones de pesos mensuales: su sueldo se divide en más de $34 millones por ser Magistrada y más $6 millones por una pensión militar de invalidez laboral del 100%. ¿Cómo puede trabajar en una de las Cortes recibiendo por ello $34 millones, una persona que tiene pensión de invalidez para trabajar del 100%?
Lombana, que es Mayor retirada del Ejército Nacional, era Juez Penal Militar en esa podrida institución castrense. En 2015 le determinaron un 15% de disminución de la capacidad laboral, por lo que a partir de septiembre de 2019 se le paga una pensión de invalidez neta por $6.280.793. Además, en el 2020 le determinaron una disminución del 85% adicional para un total del 100% de la pérdida de la disminución laboral acumulada, lo que se traduce supuestamente, en que no podría trabajar en ninguna empresa o entidad, pública o privada. Eso quiere decir que, en la práctica, Lombana sí está en capacidad para trabajar, entonces, ¿cómo consiguió pensionarse por invalidez? Pues porque los que determinan el porcentaje de invalidez en el Ejército Nacional, son contratistas del mismo Ministerio de Defensa, entidad que le paga la pensión a Lombana a través de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. Entre ellos mismos determinan el porcentaje de invalidez y a quién se le va a pagar la pensión. El “torcido”, avalado por la ley burguesa, es completo.
Como ilustración adicional, hay que decir que Lombana tiene un historial de maridaje con el uribismo. Basta recordar que el Ministro de Defensa para el 2018, Guillermo Botero, la envió en comisión a la Corte para ejercer el cargo de Magistrada y en la Corte le asignaron “coincidencialmente” los dos expedientes contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos; después de algunos trámites y decisiones judiciales, fue retirada de esos casos; sin embargo, continuó interfiriendo en el caso de Uribe, pues solicitó en varias ocasiones, diferentes pruebas que hacen parte de esas investigaciones con el pretexto de que las necesitaba, supuestamente, para adelantar otros casos. La Magistrada, fue retirada parcialmente del Ejército porque a un militar no le es permitido pertenecer a la rama judicial, sin embargo, continuó percibiendo salarios y demás asignaciones por parte del Ministerio de Defensa. ¡Así le paga el capital a quien bien le sirve!
Este caso, contrasta con la situación de la clase obrera. Cuando un obrero es afectado en su salud por causa de la producción capitalista, en un accidente o por adquirir una enfermedad laboral, le es prácticamente imposible acceder a una pensión por invalidez; y cuando lo logra después de decenas de trámites, revisiones, impugnaciones por parte de los patronos y aseguradoras, por mucho le otorgarán el 50% o 60% de pensión de invalidez de un salario mínimo. Son muy contados los casos en que un trabajador logra acceder al 100% de la pensión de invalidez. Esto, sumado a la persecución constante que le impone el patrón al obrero pensionado, hasta con detectives privados para determinar si está trabajando en otro sitio o si está haciendo alguna actividad para la cual tiene restricción y así, quitarle la pensión de invalidez. Mientras una parásita social como Lombana vive sabroso con $40 millones, los obreros hacen maromas para sobrevivir con el miserable salario mínimo que apenas llega a $1 millón.
Esto sólo demuestra que el Estado burgués es una gran maquinaria burocrática, que les resulta muy costosa a las masas trabajadoras que lo sostienen con su trabajo. El caso de la Magistrada uribista, , ratifica la necesidad de sustituir esa burocracia parásita por funcionarios elegibles y removibles por las masas en cualquier momento y que devenguen salario de obrero. La burocracia del Estado burgués es un cáncer para la sociedad que es sostenida por el trabajo obrero. A pesar del cebo oportunista que llama a la “paz social”, a la “paz total” y demás fraseología que no dice en el fondo nada, las masas obreras y campesinas deben ubicar como su enemigo al Estado de los capitalistas y terratenientes y consecuente con esto, organizarse con independencia de clase y para la lucha, pues es inminente un próximo estallido social o Huelga Política de Masas, y es necesario organizarse en Comités de Lucha para preparar las confrontaciones contra el gobierno reformista de Petro – Márquez que no ha desmontado el ESMAD, ni liberado con un sencillo indulto a los presos por luchar.
La Comuna de París trazó el camino que deben seguir los obreros y campesinos y los revolucionarios tienen que levantar su legado, levantar esas banderas que invitan a demoler el viejo Estado de los explotadores por medio de la violencia revolucionaria y construir sobre sus ruinas un Nuevo Estado, un Estado tipo Comuna, un Estado Socialista donde la clase obrera lo planifique y dirija todo y que sintetizó en estas palabras Karl Marx: La Comuna convirtió en una realidad ese tópico de todas las revoluciones burguesas, que es ‘un gobierno barato’, al destruir las dos grandes fuentes de gastos: el ejército permanente y la burocracia del Estado.
