Por presión de la denuncia y movilización social, principalmente de las mujeres, la Corte Constitucional apenas por mayoría de 5 votos contra 4, despenalizó parcialmente el aborto en Colombia.
De inmediato los sectores más reaccionarios de la sociedad, rechazaron la decisión tildándola de “legalización de un atroz asesinato”. Sectores reaccionarios donde acampan los ideólogos neo-fascistas de “Provida”, de “Tradición, Familia y Propiedad”, del “Opus Dei”, de las sectas religiosas… todos quienes tienen como oficio defender lo retrógrado, justificar la discriminación, bendecir la opresión principalmente la opresión machista que humilla, degrada y criminaliza a las mujeres por exigir su derecho a elegir cuándo acudir al aborto.
Sectores cavernarios donde campean los jefes políticos y militares de las clases dominantes, los rufianes del régimen gobernante. Los mismos que ordenan asesinatos y masacres de humildes familias trabajadoras. Los mismos que roban los presupuestos de la alimentación escolar y la salud, condenando a miles de niños a perecer directamente por el hambre y enfermedades curables o prevenibles, como en el caso de La Guajira y El Chocó cuyos indígenas Embera desplazados, con sus bebés están sometidos al desamparo de la intemperie y los cambuches en pleno centro de la capital. Los mismos que dan las órdenes de matar, desaparecer y descuartizar a los jóvenes que se rebelan contra el sistema. Los mismos que cohonestan con los feminicidios y con la elevada mortalidad de niñas y mujeres por los obligados abortos clandestinos.
Esa caterva de dirigentes ideológicos y políticos ricachones que hoy se rasgan las vestiduras en “defensa de la vida”, ¡son los peores asesinos del pueblo, de niños y mujeres! Son los feroces defensores de este sistema capitalista que parasita a cuenta de succionar la vida humana y la riqueza natural, motivos de sobra para ser destruido y sepultado para siempre por la lucha revolucionaria de las masas, donde la participación de las mujeres ocupa un papel preponderante. La revolución es la única garantía para defender la vida de los trabajadores, especialmente de las mujeres criminalizadas por este asqueroso sistema.
