Hace días se conoció la carta firmada por 23 exjefes paramilitares donde invitan a respaldar el acuerdo de paz y a votar por el sí al plebiscito, llamando la atención de su jefe Álvaro Uribe porque su posición: “no se compadece con sus ofertas a la guerrilla en el pasado. Tampoco con nuestra propia desmovilización y sus ofertas iniciales. Embarcar a todo un país en sus eternos odios sólo se entiende a la luz de sus intereses políticos». ¿Es que acaso la reconciliación sincera se adueñó de los corazones de estos carniceros de la motosierra que bañaron en sangre el campo colombiano por poder, capital y tierra?
El mundo se ha envuelto en guerras desde que la propiedad privada apareció y lo seguirá haciendo hasta que ésta desaparezca junto con la explotación del trabajo. Más aún donde hay rentabilidad y la mayor ganancia no puede pelearse bajo un sistema basado en la propiedad privada y en la explotación, si no es con lucha, y más cuando se trata de la tierra y su rentabilidad extraordinaria, derivada de la inversión sucesiva de capital, de la fertilidad del suelo y la ubicación estratégica.
Si paramilitares, burgueses, terratenientes y jefes guerrilleros están por el acuerdo firmado en La Habana, es porque todos se benefician. Es que la tajada de 10 millones de hectáreas es un fabuloso negocio que atrae a la reconciliación temporal entre los despojadores. Es que figurar oficialmente entre los no más de 2300 hombres que poseen la mayoría de la tierra en Colombia no es cualquier cosa, pues se trata de un país como ningún otro, rico en biodiversidad y ubicación estratégica en el mercado mundial.
Que no se crean los pacifistas que se acabaron los odios de clase y la disputa entre los tiburones capitalistas. Ésta solo será una tregua que avivará nuevas y enconadas disputas por el poder y la ganancia. Los intereses más viles que alimentaron la guerra desde los 80’s del siglo pasado en Colombia, continuarán porque la codicia, la brutal avidez por los privilegios disfrutados por los mafiosos, los jefes paramilitares y comandantes guerrilleros, así como la sórdida avaricia y el robo egoísta de la propiedad de los campesinos desarmados son naturales de esta sociedad dividida en clases antagónicas, y continuarán anidando en el pecho humano hasta que se acabe esta división social, y con ella, la propiedad privada sobre los medios de producción.
La forma reaccionaria, violenta, de adquirir la propiedad por parte de los capitalistas será respetada en este acuerdo de paz, y por ello es que todos han firmado su respaldo, independientemente de sus «diferencias políticas e ideológicas». Si la facción uribista está en contra, es solo porque no se siente cobijada totalmente con el acuerdo de reparto. Por lo anterior es que el pueblo no se debe dejar dividir por el Sí o por el No en el mentiroso plebiscito.
Los millones de familias campesinas desplazadas tienen derecho legítimo sobre la propiedad de las tierras que les fueron arrebatadas, pero el acuerdo de La Habana respeta solo el derecho de propiedad de los grandes despojadores y garantiza que continúe la monopolización de las mejores tierras del país. Es por lo anterior que los pobres del campo y la ciudad no deben hacerse esperanzas en este acuerdo burgués.
Los reformistas que hoy respaldan el sí confían en que la justicia llegará apelando a los derechos humanos burgueses, al Estado burgués y a las instituciones imperialistas que administran justicia en este reino del capital financiero mundial. Pero no en vano el gasto militar de los Estados aumenta y se mantendrá para 2017; no en vano se fortalecerá el Esmad en Colombia; no en vano se vanagloria la burguesía porque con el acuerdo de paz se fortalecerá el monopolio de las armas por parte del Estado para evitar futuras insurrecciones y levantamientos populares. El Estado capitalista es una institución que existe para perpetuar las enormes divisiones sociales entre despojados y despojadores; para garantizar el derecho de los jefes capitalistas ─hoy con millones de hectáreas en el bolsillo─ a explotarla, a poseerla legítimamente y a mantener su dominio sobre los desposeídos que la reclaman como suya.
Los países socialistas en el siglo XX demostraron que solo la propiedad común puede acabar con las disputas a muerte por la tierra y su rentabilidad, que se vive en los países basados en la propiedad privada y en la explotación. Y esto solo puede ser posible bajo la Dictadura del Proletariado. Ni siquiera los países gobernados por los reformistas o dictadores han acabado con la disputa por la renta extraordinaria del suelo; porque estos regímenes han respetado la propiedad privada, así se digan socialistas, han mantenido la opresión y cuando más han velado las formas de explotación de los trabajadores.
La única manera de acabar con la disputa violenta por la tierra en Colombia, es socializando todos los medios de producción y nacionalizando la tierra, y esto solo es posible derrocando el poder político de los explotadores y confiscando toda su propiedad y capital.
Salvo el poder, todo es ilusión.
