LA CORRUPCIÓN ESTATAL Y LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ

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La corrupción estatal hoy se carcome toda la institucionalidad burguesa. Según investigaciones de la Universidad Externado de Colombia sobre corrupción para 2016, el promedio de un soborno para acceder a un contrato público es del 12,9%. Del presupuesto nacional para este año que es de 30 billones de pesos, la mayoría de las obras se ejecutan por la modalidad de contratos, que tendrían este porcentaje en pago de sobornos. Entonces el 12.9% de esta cifra da 3.9 billones de pesos. De ahí en adelante, sigue el soborno por meter materiales de menos calidad, pagado a las entidades de control; el soborno por la sobrevaloración del contrato, etc. Así que la cifra es todavía mayor. De esta manera bajo un sistema basado en la ganancia y en la corrupción, no hay forma de progreso.

El mismo Vicepresidente Vargas Lleras dijo que anualmente se perdían más de 6 billones de pesos por corrupción en el país, de los cuales el “carrusel de la contratación” de Bogotá podría superar el robo de $2.2 billones de pesos, hecho presentado en las mismas barbas del senador Jorge Robledo quien hoy denuncia que la olla del robo de la salud podría ser superior a los $8 billones de pesos.

¿Pero cuál es la solución a este mal que dicen algunas ONG’s, es el mayor mal que tiene el país? El burgués Arturo Calle, dijo en una de las reuniones de comerciantes que mientras no se condene con 25 años de cárcel a los funcionarios, este problema no desaparecerá. Pero China imperialista es un ejemplo de que mientras reine el poder del capital, la corrupción de los políticos se mantendrá y crecerá, así se castigue hasta con la muerte como se hacen ese país, empezando porque los jueces también son venales. El Polo Democrático en Colombia y el Partido de los Trabajadores de Brasil y hasta el mismo chavismo demuestran que ni los gobiernos reformistas del falso socialismo se libran de este mal.

En Colombia la corrupción administrativa se instauró legalmente bajo el Frente Nacional, cuando firmaron la paz entre las facciones de la burguesía para darle continuidad a la guerra contra el pueblo conocida como La Violencia. Los partidos tradicionales de los capitalistas se vigilaban mutuamente y se repartían la marrana de la corrupción cada 4 años. Hoy todos los altos funcionarios, sean del Polo o de la extrema derecha, saquean por igual y al tiempo, en todos los niveles y por todos los lados posibles. No hay reparo en robarse la salud pública, o hacerlo con los contratos de obras.

El botín estatal es más disputado en cuanto más presupuesto se acumula. Por ello es una vana ilusión creer que si llegan los partidos reformistas como las Farc al poder, habrá mayor control y saneamiento fiscal. Cuanto más dinero haya acumulado en las arcas públicas, mayor será la corrupción y más grande el desfalco que pagarán los trabajadores con más superexplotación y miseria. La administración del Polo con Samuel Moreno en la alcaldía de Bogotá es una clara muestra de esa verdad.

Hoy el endeudamiento público es un hueco sin fondo que aumenta más la dependencia de Colombia frente al imperialismo. Hoy mientras se habla de paz bajo el gobierno de Santos nuevos casos de corrupción se conocen: según la auditoría del manejo del dinero público que hace la Contraloría General, en la Unidad Nacional de Protección (UNP), del Ministerio del Interior se habrían robado más de $33 mil millones de pesos entre 2012 y 2013.

El pueblo colombiano sufre con creces el fenómeno de la corrupción y la dictadura de los capitalistas. Al excesivo costo de la guerra reaccionaria para asegurar la propiedad y el poder de los ricos, se le suma el creciente pago de la deuda externa a la que no renuncia el Estado como lacayo del imperialismo; más el sostenimiento de la enorme burocracia, donde una escasa minoría de ésta tiene los sueldos más exorbitantes y que son parte de la cuota política de los partidos, tal como la actual directora de Coldeportes, dependiente de Dilian Francisca Toro; más la corrupción generalizada que corroe la estructura del Estado, donde los funcionarios hacen leoninos contratos con los monopolios como los hechos con la propaganda para el caso de la reelección, el programa “ser pilo paga”, o la encuesta de 9 mil millones de pesos hecho por Simón Gaviria para “medir el nivel de felicidad” de los colombianos, entre otros, donde este dinero se lo llevan los grandes canales y empresas publicitarias; un caso similar se presenta con el cemento contratado con Argos para las obras de infraestructura o con las grandes constructoras para las vías, etc.

A ningún gran grupo capitalista le interesa acabar con la corrupción, sino participar en mayor cuantía de la misma. El carrusel de intereses lleva desde el nombramiento de los más altos funcionarios del Estado, hasta la ubicación de los puestos más de abajo, para mantener aceitada la maquinaria electoral. De las juntas directivas de las grandes corporaciones capitalistas salen los ministros de hacienda, de agricultura, de comercio y desarrollo, etc.

No se crea que del Congreso y con las curules de las Farc en él, saldrán los instrumentos políticos para acabar con la corrupción, cuando a los parlanchines parlamentarios se les paga mensualmente lo de 41 obreros del común, se les garantizan bonificaciones, no se les exige siquiera presencia a las plenarias, se les ofrece la seguridad necesaria e incluso el nombramiento de cargos administrativos de organismos públicos, como los hospitales, para que sus amigos, saqueen lo que quede del sistema con túneles como el construido en el Hospital Universitario del Valle.

No hay razón para creer que con la firma del acuerdo de paz vaya a disminuir la corrupción, por el contrario, el aumento del presupuesto Estatal para el llamado posconflicto, que en las cifras más conservadoras costará casi 4 billones de pesos anuales al país, es un incentivo directo de la corrupción.

La salida a la corrupción no es un remiendo iluso y reformista del Estado putrefacto de los capitalistas. La única salida a la corrupción burguesa, es la instauración del nuevo Estado de obreros y campesinos sustentado en el pueblo armado, donde los funcionarios sean removibles en cualquier momento y su remuneración no sea superior al salario de un obrero común. Lo demás son ilusiones.

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