A propósito del Asesinato de Dimar Torres
En medio de la embriaguez de las elecciones, la revista Semana publicó un informe sobre la investigación del asesinato del excombatiente de las FARC Dimar Torres, sucedido en abril de este año y que a todas luces se sabía, había sido una ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército; acción que no pudieron ocultar porque la comunidad los descubrió y denunció.
El informe es escalofriante, puesto que muestra cómo los altos mandos militares no tienen el menor escrúpulo para ordenar la muerte de una persona en estado de indefensión.
El teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita les ordenó a varios oficiales matar al supuesto responsable de una mina, que días antes había asesinado a un soldado pues según él: “no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”. El cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, sin ninguna prueba incriminó a Dimar Torres y preparó el seguimiento de todos sus movimientos por un mes. Los militares asesinos crearon un grupo de WhatsApp donde compartían la información y luego de “dar el golpe”, disparándole a poca distancia después de interceptarlo en la carretera, confirmaron el crimen o “falso positivo” por el chat.
Todo estaba fríamente calculado: no solo el asesinato, sino la desaparición del cuerpo excavando una fosa donde lo pensaban enterrar junto con la moto. Pero en la fase final, los criminales no contaban con la intervención de la comunidad que descubrió el asesinato, dejando en evidencia el atroz acto; una práctica que han venido ejerciendo las fuerzas militares durante muchos años, pero que esta vez fue desenmascarada de inmediato.
En su momento, el ministro de defensa Botero dijo que Dimar Torres murió en un forcejeo con el cabo por quitarle el arma, luego afirmó que lo más seguro era que había alguna motivación para el asesinato. Mejor dicho, Dimar Torres era culpable de alguna cosa y por tanto merecía morir y punto.
El inepto ministro dejó en evidencia la idea que estos asesinos han sembrado por años para justificar las masacres, las desapariciones, los mal llamados “falsos positivos”, etc., y que tristemente ha calado en algunos sectores del pueblo: si los mataron era porque algo habían hecho o debían; fue así como justificaron el asesinato de más de 5 mil jóvenes disfrazados como caídos en combate con las fuerza militares y denominados eufemísticamente falsos positivos.
Este hecho es una muestra que el tan mentado “Estado social de derecho”, del que tanto se vanaglorian las clases dominantes y que los representantes de la pequeña burguesía tanto se empeñan por alcanzar con su participación en el establo parlamentario, es una completa falacia. El Estado burgués es una brutal máquina de opresión y sus fuerzas militares son las encargadas de defender a sangre y fuego los privilegios de las clases parásitas y de aplastar con las armas cualquier intento de rebeldía de las masas. No es que existan unas cuantas manzanas podridas en el Ejército, como aseguran las clases dominantes y sus secuaces: es una política de Estado, derivada de la esencia del Estado reaccionario en manos de la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas, para mantener sus asquerosos privilegios y como máquina de represión y terror contra el pueblo.
El sueño de los demócratas y de los jefes de la llamada “izquierda” de consolidar ese Estado “de derecho” a través de las elecciones (como las que acaban de pasar en medio del asesinato de luchadores populares y de represión de las manifestaciones de la juventud) la defensa de esas instituciones de los enemigos del pueblo, su júbilo porque “se logró derrotar el uribismo” en varias regiones del país, y su impenitente llamando a confiar en esa máquina nuevamente y por tanto a apaciguar y desviar la lucha revolucionaria de las masas, es un vil engaño, una traición, un crimen!!!
El pueblo no puede confiar en el Estado de sus enemigos. Así apresen al Coronel Amézquita (el asesino de Dimar Torres, que por cierto no aparece) así condenen al cabo que accionó el arma y a los soldados cómplices, tanto en el Ejército, como en la policía existe una política de actuación extrajudicial; es decir, terrorismo de Estado que solo se derrota en las calles con la lucha, ahora con el Paro nacional Indefinido, que frene la arremetida del actual gobierno, pero a mediano plazo las fuerzas militares deben ser destruidas, junto con todo ese Estado; las armas deben quedar en manos del pueblo organizado quien a través de un nuevo Estado lleve la sociedad colombiana a un verdadero cambio en beneficio de los de abajo.
