Segovia y Remedios tradicionalmente mineros, ahora declarados ilegales

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Segovia y Remedios tradicionalmente mineros, ahora declarados ilegales 1

Nuevamente, Segovia y Remedios son noticia diaria desde hace más de 20 días como consecuencia del paro protagonizado por los mineros artesanales. Segovia y Remedios, son dos municipios tradicionalmente mineros y están ubicados en el nordeste antioqueño, allí la población ha vivido por años de la minería ancestral que ahora es llamada por el Estado minería ilegal.

El departamento de Antioquia ha sido tradicionalmente minero y los municipios con mayor cantidad de títulos mineros han sido Buriticá, Fredonia, Jericó, Anzá, Dabeiba, Urrao, Frontino, Amalfi, Zaragoza, Caucasia, San Roque, Titiribí, Segovia y Remedios entre los más importantes por extracción y, por tanto, territorio de disputa y escenario de la guerra contra el pueblo.

Según las estadísticas del DANE durante los primeros tres meses del presente año el departamento de Antioquia exportó en oro 295 millones de dólares. La gran preocupación del Estado y en especial de las empresas extranjeras mineras, es que el valor de las exportaciones de oro para el cuarto trimestre de 2016 fue de 621,63 millones de dólares FOB1 para unas exportaciones de 19,10 toneladas mostrando con ello una recuperación así:

Segovia y Remedios tradicionalmente mineros, ahora declarados ilegales 2

Gráfica elaborada por RO con Información tomada del Informe «Análisis comparativo del PIB Minero cuarto trimestre 2016 MINMINAS»

La Asociación Colombiana de Minería – ACM2, revela que en 2016 el país produjo 1,99 millones de onzas troy3 y solo el 13 por ciento venían de explotaciones formales; es decir, que el 87 por ciento de la explotación de oro viene de la informalidad y de la criminalidad, dice la ACM. Y es aquí donde está la esencia del problema; Revolución Obrera – RO trató de verificar estos datos, pues con la gran cantidad de empresas extranjeras que han entrado al país para socavar hasta el último gramo de oro, es difícil creer en la proporción entregada por la ACM, pero no encontramos mayor información. Sin embargo, es claro que estas cifras reflejan la esencia del problema, que se manifestó en los recientes hechos de Segovia y Remedios, y es que la explotación de oro viene en aumento y, como es sabido, la ganancia de tan brillante tesoro debe ser monopolizada.

Es así como el gobierno de Santos inició una batalla contra la supuesta minería ilegal, cabe aclarar que RO no desconoce que detrás de la explotación del oro han estado no solo las voraces compañías imperialistas sino además las guerrillas y los grupos paramilitares; sin embargo, preferimos acoger el nombre que le han puesto los mismos mineros: minería informal. Hace cerca de 5 años este gobierno orientó que todos los mineros ancestrales e ilegales debían plegarse a las condiciones ofrecidas por las grandes y medianas empresas mineras, y que debían decidir en hacerse «socios o empleados» de ellas, por lo que en Segovia unas 2.500 personas dedicadas a la minería han firmado más de 34 contratos de asociación con las grandes empresas, mientras que otros 1.500 se han vinculado como trabajadores de la compañía Gran Colombia Gold.

Ahora bien, los que aún no se han acogido a estas «magnificas» ofertas como «empleado o socio», el gobierno los declaró mineros ilegales; apoyándose en esto es que entró el ESMAD a reprimir, a gasear mineros, niños y población en general de Segovia; 45 mil personas habitan allí y esos 45 mil viven de la minería, trabajan como mineros, chatarreros, arrieros y barequeros; la multinacional Gran Colombia Gold le ofrece a ellos un contrato de operación donde el 30% del producido es para el minero y el 70% para la empresa. El gobierno de Santos tendrá entonces que declarar ilegales a 45 mil habitantes de Segovia.

El gran problema es que la multinacional Gran Colombia Gold que adquirió hace 6 años el antiquísimo título minero que poseía otra compañía extranjera, la Frontino Gold Mine y que con respaldo absoluto de las autoridades locales, departamentales y nacionales, inició negociaciones para legalizar los más de 112 entables informales que había en su propiedad, de los cuales la mayoría llegaron a un acuerdo. Pero, ¡Adivinen qué! las más grandes, como las minas El Cogote, San Nicolás y Apique Rubí, no se han querido plegar a sus ofertas.

Resulta que cuando se le entregaron los títulos mineros a la Gran Colombia Gold la mina El Cogote, una de las de mayor extensión, y que ha funcionado desde hace 40 años de manera informal, quedó dentro de la jurisdicción del título minero de la compañía, ¡¿Qué raro no?! y desde entonces, ha pretendido establecer con los mineros «contratos desventajosos, injustos, cercanos al esclavismo y que acaban con la minería artesanal». Dice Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera.

Pero no contentos con todo esto, ahora cursa en el Congreso un proyecto de ley para judicializar por lavado de activos o enriquecimiento ilícito a quienes participen en actividades de minería ilegal, porque según el gobierno las bandas criminales son las que promueven la minería ilegal y se quedan la mayor ganancia.

Desde el 31 de Julio del presente año se presentaron en Segovia y Remedios los disturbios entre los mineros y el ESMAD, este último se tomó el Hospital San Juan de Dios y la escuela gaseando a niños, luego que desde el 20 de julio se declarara el paro cívico minero, donde el comercio, los contratistas, los chatarreros y barequeros, así como propietarios de pequeñas minas legales e informales, pararon actividades.

Pero esta situación no es nueva, los enfrentamientos entre los mineros y la multinacional se viene dando desde el 2010, cuando el gobierno del jefe paramilitar Álvaro Uribe Vélez cerrara la empresa Frontino Gold Mines, al declararla no rentable, entregando los terrenos y las licencias de explotación a la Gran Colombia Gold, de capital canadiense, la cual nació de la fusión de las firmas Zandor Capital y Medoro Resources; de inmediato la nueva junta ordenó el despido de 1400 mineros generando el primer paro durante la administración de la multinacional. Y desde entonces la situación se ha agudizado generando una abierta guerra por el oro en la cual han sido asesinados líderes sociales y sindicales; la primera víctima después que Uribe le regalara la explotación del subsuelo a los capitalistas canadienses fue John Jairo Zapata Marulanda, atacado a balazos el 5 de junio de 2010, y quien gracias al auxilio brindado por los compañeros que lo encontraron y lo llevaron al hospital logró salvar su vida, teniendo que exilarse de la población a raíz de las constantes amenazas. Le siguió Rafael Tobón, miembro fundador del Sindicato de Mineros de Segovia, abaleado el 26 de julio de 2011, convirtiéndose en la primera víctima fatal. Luego y durante el paro del año 2012, el día 27 de julio, después de denunciar la situación en la región y las amenazas en su contra, fueron asesinados Jaminson Adrián Amaya y Nelson Cadavid, reconocidos líderes del paro. Pero cabe aquí también mencionar, la masacre del 11 de noviembre del año 1988, cuando un comando paramilitar denominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste, asesinó a 43 personas y dejó heridas a medio centenar, por razones políticas contra miembros de la Unión Patriótica – UP que habían ganado las elecciones, como por razones económicas, principalmente mineras. Así que la arremetida militar contra la población de Segovia y Remedios no es nueva y no es por la ilegalidad de la explotación sino por la ganancia extraordinaria del subsuelo.

Pero así como quisimos recordar a los muertos líderes sociales y sindicales, también les queremos entregar unos nombres, esos sí muy vivos, de funcionarios de muy alto nivel relacionados con estas multinacionales. La excanciller del segundo periodo del gobierno del paramilitar Uribe Vélez, María Consuelo Araujo, actual funcionaria de la administración de Peñalosa en la Secretaría de Inclusión Social, fue hasta el año 2016 presidenta en funciones de la Gran Colombia Gold y que la compañía minera, la de mayor producción en Colombia, cuenta —según información tomada de La Silla Vacía del 1 de agosto de 2016–, dentro de su cúpula en la Junta directiva con nombres como los de «Augusto López, expresidente del Grupo Santo Domingo; Hernán Martínez, exministro de Minas de Álvaro Uribe; y Mario Pacheco, expresidente del Grupo Colpatria». Uribe, Noguera, Araujo, son algunos de los funestos apellidos que han traído a municipios como Segovia y Remedios la violencia generada por la guerra del oro.

1 FOB: Esta expresión se utiliza asociada al Comercio Exterior y el Comercio Internacional entre países. Es el Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un país de las Exportaciones de mercaderías y otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportación y el Costo de cargar los Bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este último costo sea a cargo del transportista.

2 La Asociación Colombiana de Minería – ACM es una agremiación que nace de la integración de Asomineros de la ANDI y asocia a las grandes multinacionales.

3 Onza Troy (ozt) es una unidad de medida imperial británica. Actualmente se emplea principalmente para medir el peso (y por ende el valor) de los metales preciosos. Una onza troy equivale a 31,1034768 gramos. Hay 32,1507466 onzas troy en 1 kg.

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