El departamento de Córdoba es dominado por pocas familias terratenientes y burguesas que se han dedicado principalmente a la ganadería y la agricultura. Entre ellas encontramos a Uribe Vélez que tiene una fuerte influencia y mucha tierra en Córdoba una región con una población aproximada de 1.800.000 personas. En Montelíbano se encuentra la minera de ferroníquel, aleaciones de hierro y niquel Cerro Matoso S.A. manejada por la empresa imperialista BHP Billiton.
Es una región con mucho potencial económico y manejada por familias que tienen nexos con paramilitares, donde sus ejércitos privados son los encargados de ejecutar las ordenes de asesinar a los líderes sociales, como se evidenció en Tierralta con el vil asesinato de María del Pilar Hurtado, sitio en que el alcalde es hijo de uno de los mayores terratenientes del extenso municipio. A Manuel Osuna Tapias que trabajaba con la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor) en la vereda El Cerro de San José de Uré al sur del departamento, le cortaron la cabeza y le quemaron su casa de madera y palma. Manuel era reclamante de tierras y fue asesinado el 7 de julio del 2019. Desde el 2016 han asesinado en esta zona a 32 líderes según las cifras que maneja el Estado, según Ascsucor y la fundación Cordobexia, que hace acompañamientos a los movimientos sindicales, agrarios y de organizaciones comunales, son muchos los líderes que están amenazados.
En Córdoba los líderes del pueblo son objetivo militar convirtiéndose en víctimas del terrorismo de Estado más descarado y desgarrador del gobierno mafioso uribista de Duque, que solo representa los intereses de la clase parasitaria. Los pobladores están a la deriva porque las organizaciones populares son débiles y sin protección colectiva, es fácil para el Estado callar a los líderes sociales que representan a las comunidades para que no sigan luchando por sus territorios, y así dejar el camino libre a burgueses (incluida su facción mafiosa) y terratenientes, que buscan desalojarlos de sus tierras para cultivar narcóticos y entregar el territorio a las mineras imperialistas.
Está demostrado que el Estado no va a proteger a los líderes sociales y que así en sus discursos mentirosos, los funcionarios formalmente aparenten preocupación, realmente no los van a proteger porque es el Estado quien está al frente de tan atroz matanza que se vive actualmente en todas las regiones de Colombia, bien sea directamente por el Ejército, o a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Caparrapos, el Clan del Golfo, disidencias de las Farc, entre otros grupos que responden a los intereses de narcotraficantes, terratenientes, capitalistas madereros y monopolios industriales.
Es el momento de que los líderes populares de Córdoba se organicen para frenar la arremetida del Estado. Detener la matanza depende de la unidad, organización y movilización del pueblo, no de la buena voluntad de sus verdugos, pues ni los dueños del capital, ni el Estado están interesados en proteger la vida de aquellos que se interponen en sus negocios. Lo que sucede en Córdoba es una muestra fehaciente de que el capitalismo es un régimen que sobrevive a costa de depredar las dos únicas fuentes de riquezas, la fuerza de trabajo y la naturaleza y por eso merece ser destruido por medio de la violencia revolucionaria de las masas.
Una camarada
