La Gran Mentira de la Restitución de Tierras a los Campesinos

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Las horripilantes matanzas de campesinos en Chengue y El Salado son apenas dos grandes masacres entre otras 42 ocurridas en la región entre 1995 y 2005, por parte del paramilitarismo con sus bloques «Héroes de los Montes de María» y «Canal del Dique». Una enorme tragedia social de una región donde el 48,3% de sus suelos son de potencial agrícola y agroforestal. Allí compraron tierras a precio de huevo empresas del odiado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y Uribe, entre otros grandes capitalistas.

El Grupo Empresarial Antioqueño, por intermedio de la empresa Argos compró desde el año 2000, 6.600 hectáreas de tierras en los Montes de María, tierras que fueron despojadas a sangre y fuego a los campesinos por los grupos paramilitares para luego ser ocupadas por testaferros, quienes se encargaron de vender a Argos. De esta manera, Argos cínicamente declaró que ellos no tenían idea de la procedencia de estas tierras y por lo tanto su compra se hizo de «buena fe».

Las 160 fincas usurpadas por el GEA fueron legalizadas al amparo de la Ley 1448 en el gobierno de Santos, cuando el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo se inventó los artículos 98 al 100 donde se legaliza toda la política de los «compradores de buena fe»; aduciendo que, una vez demostrado ante un juez que supuestamente no sabían de la guerra en la zona y las presiones para vender de parte de los campesinos, permite además que el Estado devuelva todo el dinero invertido en la compra, y como si fuera poco, les da el derecho de uso –derecho de superficie-, es decir que en los casos (muy escasos) en que la ley le reconozca la propiedad al propietario inicial despojado, al «comprador de buena fe» se le otorga el uso de ésta hasta que dure el cultivo que plantó en ella, mientras que a los directamente despojados, es decir a los campesinos, solo se les reconoce una miserable renta. Y precisamente el cultivo de palma aceitera y la silvicultura de árbol de Teca, que son ahora de Argos en los de Montes de María, es interminable, por lo que la restitución es una formalidad para el desplazado.

Grupos como el GEA y los socios del paramilitar Uribe, fueron los que impulsaron la guerra reaccionaria desde los años 80’s por la renta extraordinaria del suelo, y hoy son los principales beneficiarios de la asignación de tierras y legalización de su despojo. Negocios como estos, son la motivación principal de esta tragedia; la más horripilante de toda la historia del país para las masas y que costó centenares de miles de muertes y al menos 7 millones de desplazados.

La política de Estado tiene dos caras: una, mostrar supuestos resultados y medidas para favorecer a los campesinos; y la otra, tomar todas las medidas necesarias para continuar con su política de legalizar el despojo de tierras y favorecer a los monopolios. Para la primera, sacan sentencias como la orden de los Magistrados del Tribunal de restituir tierras a los campesinos despojados de 53.821 hectáreas a través de 24 sentencias, donde les niegan la compensación en dinero como «compradores de buena fe» a Argos y Bancolombia del odiado GEA, así como Agropecuaria Carmen de Bolívar, que compró más de 60.000 hectáreas en Montes de María y de la cual es socio principal, Álvaro Uribe. Para la segunda, con argucias jurídicas, les permiten seguir explotando por años y años esas tierras y continúan con su política de terrorismo contra las masas y sus dirigentes, como lo denuncian en un artículo publicado en la página de El Tiempo, del 23 de noviembre de este año, donde se aseguró que «Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica, este año 232 líderes han sido amenazados; 21 han sufrido atentados y 70, asesinados.»

La dictadura eficaz en Colombia es para los de abajo, no para los grandes despojadores. Los altos funcionarios del control estatal como el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, amigo de los usurpadores banqueros como Sarmiento Angulo, amenaza con enviar a la cárcel a los que compran autopartes robadas, diciéndoles que «Los que compran lo robado también son delincuentes», pero jamás se le verá dictar contra los capitalistas que compraron las tierras robadas, sanción o incluso acusación alguna, porque son clientes de su bufete Martínez Neira Abogados. Ese es el carácter de clase de la justicia burguesa. Así que la perversa política de Estado obedece a un interés económico de clase capitalista y es consecuencia de un sistema basado en la propiedad privada y la explotación del trabajo asalariado, que tienen como premisa la expropiación de los productores directos de la tierra.

El despojo de tierras en Colombia es una misión cumplida y consumada, que por las buenas no se echará para atrás. Por eso los años que lleva la política de Restitución de Tierras han sido una burda mentira, una careta que no pasa de demagogia para mostrar una falsa política social; la legislación burguesa no se moverá eficazmente para resolver esta tragedia de los desplazados. A Julio de 2016 apenas el 3,4% de las solicitudes de restitución de tierras a los despojados habían sido resueltas, pero no en los hechos, solo judicialmente. Tras cinco años de la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se han resuelto alrededor de 3.000 casos y en los próximos cuatro años se prevé que se atiendan otros 3.000, los cuales casi en su totalidad sólo se han resuelto de manera formal para aparentar supuestos resultados. Y en el mejor de los casos, si hipotéticamente llegaran a resolver esos 6000, esto representa solamente el 6,8% de lo prometido.

Para las masas no hay otro camino que su organización independiente, la movilización revolucionaria, la concreción de formas de lucha que por la fuerza obliguen a los despojadores a devolver las tierras o indemnizarlos y garantizarles trabajo en buenas condiciones. De hecho, oponerse a la mecanización en la agricultura y la producción en grandes extensiones es una ilusión, pues el hecho cumplido es que el capitalismo se ha impuesto en la agricultura y a la inmensa mayoría de los campesinos los ha transformado en jornaleros, proletarios agrícolas que deben organizarse junto con sus hermanos campesinos para enfrentar con la lucha todas las políticas de Estado y enfrentar a las bandas de asesinos que continúan con su política de exterminio. El problema de la tierra en Colombia no tiene solución bajo el capitalismo, pues la verdadera solución solo la puede dar un Estado Socialista que expropie a los capitalistas, nacionalice la tierra y la entregue a los campesinos para su plena utilización.

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